El escenario de armonía binacional en la región de Salto Grande vuelve a verse tensionado por un proyecto industrial. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, elevó el tono de la disputa al ratificar que la provincia recurrirá a la justicia internacional si es necesario para frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos proyectada sobre la costa del río Uruguay, justo frente a la ciudad de Colón.
Durante una reunión de trabajo mantenida este lunes 16 de marzo en Colón, de la que participaron el intendente local José Luis Walser, legisladores nacionales y diversos sectores civiles, Frigerio fue tajante: «Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales», donde se dirimen los conflictos entre naciones.
Gestiones diplomáticas y el pedido de relocalización
La postura del Ejecutivo entrerriano no es nueva, pero su formalización ante la posibilidad de un litigio internacional marca un punto de inflexión. Según detalló el mandatario, ya se mantuvieron cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y sus ministros para manifestar la preocupación argentina, gestiones que contaron con el acompañamiento del canciller y el embajador argentino en el vecino país.
Para el gobierno provincial, la solución no es la cancelación del proyecto, sino su relocalización fuera del área de influencia directa de las comunidades costeras argentinas. No obstante, Frigerio reconoció que la capacidad de maniobra provincial tiene un límite constitucional, ya que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Gobierno Nacional, al que instó a asumir el reclamo como una «cuestión de Estado».
El factor ambiental y el fantasma de Botnia
Un punto clave en la discusión técnica es el estudio de impacto ambiental, actualmente en elaboración. A instancias de los reclamos de Entre Ríos, el análisis ahora incluye a la ciudad de Colón dentro de su área de influencia, un dato que será determinante para los próximos pasos legales y diplomáticos.
Sin embargo, el clima político está marcado por la desconfianza. El intendente de Colón, José Luis Walser, fue crítico con la metodología del gobierno uruguayo, al que acusó de avanzar de forma «inconsulta». Walser trazó un paralelismo directo con el conflicto de las pasteras al recordar que «ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera» y luego se instaló la pastera Botnia.
El jefe comunal también dirigió sus reclamos hacia la Casa Rosada, exigiendo que el gobierno de Javier Milei tenga una «postura más firme» y que se concrete la Mesa de Cancilleres prometida para este mes. Para las autoridades locales, la planta representa una amenaza no solo para el ecosistema del río, sino para el modelo de desarrollo turístico y la salud de la microrregión.
Implicancias de un nuevo litigio
La advertencia de Frigerio de recurrir a «cortes internacionales» —presumiblemente la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como sucedió en 2006— reabre una herida diplomática en el río Uruguay. Mientras Uruguay busca posicionarse en el mercado de combustibles verdes, Entre Ríos prioriza el principio precautorio y la defensa del territorio. La resolución del conflicto dependerá ahora de la firmeza con que la Cancillería argentina logre negociar la relocalización antes de que el proyecto alcance un punto de no retorno.
