La provincia de Corrientes ha llevado su reclamo por la soberanía de los recursos naturales al máximo tribunal del país, exigiendo un cambio estructural en la forma en que el Estado Nacional liquida las compensaciones por la energía generada en la región. El eje de la demanda es que las regalías de Salto Grande y Yacyretá dejen de calcularse sobre valores arbitrarios y se paguen según el precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El fin de la «energía barata» para el centro del país
El gobierno correntino, encabezado por Juan Pablo Valdés, sostiene que la valoración actual de la energía es discriminatoria e inequitativa. Según los fundamentos presentados, el esquema vigente obliga a las provincias generadoras a subsidiar indirectamente el consumo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el litoral aporta el recurso energético, sus habitantes enfrentan algunas de las tarifas eléctricas más costosas del país.
Técnicamente, Corrientes busca que se le reconozca el valor real del sistema, o bien, que se le asigne el mismo precio que reciben otras jurisdicciones como Neuquén o Entre Ríos. Esta disputa no es solo contable: la provincia estima que la Nación y CAMMESA adeudan más de 15.000 millones de pesos por regalías mal liquidadas.
El respaldo constitucional y la postura de CAMMESA
La estrategia jurídica, liderada por el fiscal de Estado Horacio Ortega, se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Desde esta perspectiva, la administración central incurre en una «confiscación de facto» al imponer topes de entre el 20% y el 30% para compensar deudas con regalías, lo cual ha sido impugnado por inconstitucional.
Por su parte, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) advirtió a la Corte sobre un posible «efecto dominó». El organismo argumenta que un fallo favorable a Corrientes desataría reclamos idénticos de Misiones, Neuquén, Río Negro y Chubut, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal del sistema eléctrico nacional.
Estado actual de la causa
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se declaró competente para tratar la cuestión de fondo, recientemente rechazó una medida cautelar que pedía igualar los pagos de forma inmediata. El tribunal consideró que no se demostró un «peligro irreparable» que justificara alterar la situación antes de una sentencia definitiva.
Este lunes 16 de marzo de 2026, se realizó una audiencia clave en la Secretaría de Juicios Originarios, marcando un paso estratégico en lo que la provincia define como una batalla contra la «burocracia técnica» del poder central. Para la región de Salto Grande, el resultado de este litigio definirá si las provincias recuperan el control económico de la riqueza que generan sus ríos.
