La red de alta velocidad de España enfrenta una severa conmoción tras el choque registrado cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, que dejó un balance de al menos 69 víctimas fatales y más de 180 personas heridas. La colisión se produjo a la altura del punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla en un sector recto de vía. En las formaciones viajaban más de 500 personas: 397 en el convoy AVE de Renfe y 147 en el de la empresa privada Iryo.
El impacto ocasionó el descarrilamiento y desprendimiento de los dos coches traseros del convoy delantero. Entre los fallecidos confirmados se encuentra la exministra española Fátima Báñez. El operativo de asistencia movilizó a más de 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a cuadrillas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Bomberos. Según reportó la cadena internacional Euronews, bajo la cobertura de periodistas como Maria Muñoz Morillo, Marina Neila, Rafael Salido y Christina Thykjaer, la justicia restringió el ingreso a la zona para preservar pruebas técnicas.
Reclamos del sindicato Semaf ante fallas del sistema LZB
A raíz del desastre, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) formalizó una demanda ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para reformar de inmediato los reglamentos operativos. El sindicato reclama prohibir expresamente la circulación bajo modalidad de «marcha normal» cuando colapsen sistemas automáticos de control como el LZB o el europeo ERTMS y exista la posibilidad de que dos convoyes coincidan en un mismo cantón de señalización lateral.
De acuerdo con reportes preliminares de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), el dispositivo LZB —encargado de supervisar de forma continua la velocidad— dejó de funcionar minutos antes de la colisión. Desde ese instante, la operación quedó a cargo de señales laterales y del centro de control.
Grabaciones bajo peritaje y antecedentes en las vías españolas
Grabaciones de audio integradas al expediente judicial mostraron que desde el centro de control se instruyó al maquinista del AVE a reiniciar el equipo y proseguir con marcha regular. Dicha indicación se produjo a pesar de que los protocolos imponían una marcha limitada a 40 km/h y de que la conductora del Iryo había avisado cinco minutos antes que continuaba completamente detenida en esa misma vía.
Semaf recordó que no se trata de una advertencia inédita, apuntando a deficiencias de mantenimiento e incidencias no resueltas comunicadas con anterioridad a la administradora Adif. Asimismo, rememoraron el descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba) en enero de 2026, donde murieron 46 personas. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó renunciar a su cargo y anticipó nuevas disposiciones técnicas para recuperar la credibilidad en el sistema.
