Cinco ONG socioambientales y de protección animal exigen al gobierno de Frigerio datos sobre resoluciones de caza en la provincia.
Cinco organizaciones entrerrianas realizaron un pedido formal de acceso a la información pública al gobierno provincial de Rogelio Frigerio, reclamando datos sobre el turismo de caza en Entre Ríos. La nota fue dirigida al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y lleva fecha del 24 de septiembre.
Las entidades firmantes —Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), Ayuda Animal, Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Luz del Ibirá— se ampararon en la Ley Nacional Nº 25.831 y en el Acuerdo de Escazú. Denuncian que la información sobre cotos de caza, resoluciones y fiscalización no ha sido brindada, pese a solicitudes previas.
Resoluciones cuestionadas
Los reclamos apuntan a dos medidas oficiales:
– Resolución Nº 0714/25, que habilita la caza “deportiva” de patos e inambúes (perdices).
– Resolución Nº 1194/25, que autoriza la matanza comercial de coipos (Myocastor coypus).
Las ONG exigen conocer qué estudios poblacionales justificaron estas decisiones. Señalan que hasta ahora no hay evidencia técnica disponible que avale las autorizaciones.
Falta de respuesta y antecedentes
Según consta en el documento, la misma información ya había sido solicitada en 2024 a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, a cargo de Marcelo Sapetti, sin obtener respuesta. Incluso, denuncian que el pedido fue entregado en mano en mayo de 2025 y tampoco hubo contestación.
Los denunciantes interpretan esta situación como un “deliberado ocultamiento de información pública” y advierten que, de repetirse, podrían iniciar acciones judiciales contra el Estado entrerriano.
Lo que piden las ONG
El pedido incluye:
– Estudios poblacionales de patos, perdices y coipos realizados en 2023 y 2024.
– Listado de empresas de caza inscriptas y sus ubicaciones.
– Permisos otorgados a cazadores extranjeros.
– Nómina de inspectores, vehículos y recursos destinados a la fiscalización.
– Cantidad de actas de infracción registradas.
“Sin estos datos no puede justificarse ninguna resolución de caza ni garantizarse la conservación de la fauna entrerriana”, advirtieron.
