En una jornada clave para la justicia federal de la región, la fiscal Josefina Minatta solicitó la pena de 15 años de prisión para Rubén Alberto Cabra, alias “Petro”, acusado de explotar sexualmente a una adolescente en la ciudad de Concepción del Uruguay. El alegato, presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de dicha ciudad, incluyó además el pedido de una reparación económica de 63 millones de pesos para la víctima.
Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2006 y finales de 2008. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la víctima fue captada en la provincia de Chaco cuando tenía 17 años bajo una oferta laboral engañosa. Tras ser trasladada a la ciudad entrerriana, fue sometida a un régimen de prostitución forzada mediante violencia física, amenazas y una supuesta deuda económica que nunca terminaba de saldar.
Un entramado de violencia y engaño
La fiscal Minatta describió un «infierno» iniciado en el local denominado «Snack Bar», que operaba como prostíbulo bajo la fachada de whiskería en las inmediaciones de la Ruta 39 y la Ruta 14. El debate, que se desarrolla de manera unipersonal ante la jueza Mariela Emilce Rojas, reveló que la joven fue retenida contra su voluntad incluso después de intentar escapar.
En un tramo del relato, la fiscalía detalló que el acusado trasladó nuevamente a la víctima desde Chaco a Entre Ríos bajo amenazas de daño a su familia. Durante esta segunda etapa, la adolescente fue alojada bajo llave en el domicilio particular del imputado y trasladada cada noche al local comercial para ser explotada. Según la fuente original de la información, el portal Fiscales.gob.ar, la víctima incluso quedó embarazada del imputado tras ser drogada, continuando su sometimiento tras el nacimiento de su hija en 2008.
Contexto histórico: el «polo de la prostitución»
El alegato fiscal no solo se centró en la responsabilidad individual de Cabra, sino que contextualizó el entorno de la época. Minatta aseguró que, entre fines de los años 90 y 2013, Concepción del Uruguay funcionaba como un «polo de la prostitución» consolidado en la provincia, con diversos locales que operaban de manera naturalizada.
Para graficar esta situación, la fiscalía citó el testimonio de un comisario que ratificó que el traslado de mujeres desde el norte del país era una práctica habitual y que asistir a estos lugares era considerado «algo normal» por la cultura local de aquel entonces. La investigación actual se reactivó en 2019 gracias a una denuncia en la Línea 145, que permitió identificar a la víctima en 2021.
Calificación legal y pedido de detención
La fiscalía encuadró las conductas en dos marcos legales debido a los cambios normativos en Argentina: entre 2006 y abril de 2008 como «promoción y facilitación de la prostitución ajena», y a partir de esa fecha bajo la figura de «trata de personas», conforme a la Ley N°26.364.
Además de la pena de prisión y la reparación económica, el MPF solicitó el decomiso del local comercial donde se cometieron los delitos y la inmediata detención del imputado. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay comunicó que el veredicto final se dará a conocer el próximo 16 de junio.
