En respuesta a la parálisis total de la obra pública ejecutada por el Gobierno Nacional desde inicios de 2024, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la toma de 322,5 millones de dólares en financiamiento internacional. El objetivo es intentar «hacer rutas de nuevo, desde cero«, en un contexto donde la administración central de Javier Milei ha cortado el flujo de fondos para infraestructura, dejando a las provincias a su suerte.
El financiamiento, gestionado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el BCIE y el FIDA, busca sostener la red vial de Entre Ríos ante la ausencia de inversión federal. Frigerio destacó que la provincia es la primera en obtener el aval soberano para estos créditos de «larguísimo plazo y tasas bajísimas«.
Equipamiento y saneamiento provincial
El plan integral anunciado contempla una inversión de 12.000 millones de pesos para la adquisición de más de 70 unidades de maquinaria pesada. Según el mandatario, esta capitalización es esencial para que la Dirección Provincial de Vialidad recupere capacidad operativa, tras haber heredado una estructura que calificó como «desguazada» y con deudas de gestiones previas por 30.000 millones de pesos, las cuales hoy estarían saneadas.
La meta fijada por el Ejecutivo provincial es intervenir el 100 por ciento de la red vial provincial antes de 2027, incluyendo rutas principales y los 25.000 kilómetros de caminos rurales que resultan vitales para el sector productivo de la región de Salto Grande.
Análisis crítico: La «desidia» de un aliado que asfixia
El anuncio de Frigerio no puede leerse de forma aislada a la coyuntura política nacional. Aunque el gobernador se posiciona como un aliado legislativo y político del presidente Javier Milei, su gestión enfrenta hoy las consecuencias directas de la desidia nacional en materia de obras públicas.
Desde 2024, la política de «obra pública cero» impulsada por la Casa Rosada no solo ha frenado nuevos proyectos, sino que ha abandonado el mantenimiento de trazas nacionales fundamentales para el Corredor del Uruguay. Esta inacción federal obliga a Entre Ríos a recurrir al endeudamiento externo en dólares para cubrir funciones básicas de conectividad y seguridad vial que deberían ser coordinadas con la Nación.
La contradicción es evidente: mientras el Gobierno Nacional celebra el superávit basado en el recorte a las provincias, distritos como Entre Ríos deben hipotecar su futuro con crédito internacional para que la producción regional no quede aislada. La «desidia» nacional, lejos de ser un ahorro, se traduce en un costo financiero y social que la provincia comienza a asumir por cuenta propia.
Medidas impositivas para el sector rural
Para complementar el flujo de fondos, el gobernador ratificó el compromiso de destinar el 100 por ciento del impuesto Inmobiliario Rural exclusivamente al mantenimiento de los caminos de la producción. Asimismo, se implementaron exenciones en Ingresos Brutos y Sellos para las empresas que participen en las licitaciones de obra pública, buscando incentivar la competencia y reducir costos en un marco de transparencia.
