La titular del Juzgado Federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó con prisión preventiva a tres personas imputadas en una investigación por el transporte de aproximadamente 260 kilogramos de cocaína que fueron secuestrados el mes pasado durante una persecución policial en rutas de la provincia de Entre Ríos.
La causa es impulsada por la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del fiscal Francisco José Bernhardt, con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), encabezada por Diego Iglesias, y la colaboración del fiscal coadyuvante Martín Uriona.
En una resolución firmada la semana pasada, la magistrada procesó a C.F., de 53 años, y a B.M., de 19 años, como coautores del delito de transporte de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego. En el caso de C.F., también se le atribuyó el delito de desobediencia a la autoridad por haberse fugado de un control policial.
Asimismo, la jueza dispuso embargos por 100 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los dos imputados.
Por otra parte, S.B., de 41 años, fue procesada como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sobre sus bienes se ordenó un embargo de 6 millones de pesos.
Antecedentes de uno de los imputados
Según surge de la resolución judicial, C.F., conocido como “Carlitos”, registra una condena previa de 14 años de prisión por tráfico agravado de estupefacientes y portación de arma de guerra. Al momento de su detención se encontraba en libertad condicional.
Además, en 2011 había adquirido notoriedad pública al integrar la lista de los prófugos más buscados del país tras escapar de una alcaidía de la ciudad de Rosario.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició el 28 de mayo pasado, alrededor de las 9.30, cuando personal policial realizaba controles preventivos en el puesto caminero Puente de Hierro, en el departamento Feliciano.
En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Mercedes Benz C200 Avantgarde conducido por C.F., quien viajaba acompañado por B.M.
De acuerdo con la investigación, cuando los agentes solicitaron la apertura del baúl, el conductor manifestó que no podía abrirse desde el exterior. Sin embargo, al volver a ingresar al vehículo para habilitar la apertura, aceleró y se dio a la fuga.
La maniobra derivó en un operativo cerrojo que permitió interceptar el automóvil sobre la Ruta Provincial N°28. Durante la requisa se secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.
El hallazgo de los 260 kilos de cocaína
Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos realizaron un rastrillaje sobre el trayecto recorrido durante la fuga y encontraron bolsos y mochilas ocultos entre la vegetación.
En su interior hallaron 250 paquetes rectangulares que, tras las pruebas orientativas correspondientes, dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia fue estimado en aproximadamente 260 kilogramos.
A unos 30 metros del lugar donde se encontró la droga también se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con cargadores, un teléfono celular y un cuchillo, elementos que, según la investigación, habrían sido descartados durante la persecución.
Allanamientos y nueva detención
Como parte de las medidas posteriores, la justicia ordenó allanamientos en distintos puntos del país.
Uno de ellos se concretó el 29 de mayo en una vivienda de la localidad correntina de Itatí, donde fue detenida S.B. Allí se secuestraron 44 gramos de cocaína ocultos en una cartera.
Según detalla la resolución judicial, 35 gramos se encontraban acondicionados en un envoltorio compacto, mientras que los 9 gramos restantes estaban distribuidos en 24 dosis individuales, una modalidad que la magistrada consideró compatible con actividades de comercialización al menudeo.
La resolución también señala que la mujer registra una condena previa a cuatro años de prisión por transporte de estupefacientes, dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
Los fundamentos de la jueza
Al analizar la prueba reunida, Ramponi destacó que los policías que participaron del procedimiento identificaron las mochilas halladas durante el rastrillaje como similares a las observadas previamente en el asiento trasero del vehículo durante el control.
Para la magistrada, ese elemento permitió vincular de manera directa los objetos descartados con el automóvil utilizado por los imputados y reforzó la hipótesis de que ambos tenían conocimiento y dominio sobre la sustancia transportada.
La jueza también valoró la fuga del control policial, el descarte de bolsos, teléfonos celulares y un arma de fuego durante la persecución, además de los distintos elementos incorporados a la investigación.
Respecto de la prisión preventiva, sostuvo que existían riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y a un eventual entorpecimiento de la investigación.
En ese sentido, consideró que el transporte de una carga de aproximadamente 260 kilos de cocaína no podía interpretarse como un hecho aislado o espontáneo, sino como una maniobra con cierto grado de organización. También remarcó que la gravedad de los hechos investigados, la magnitud del cargamento secuestrado, los antecedentes de algunos de los imputados y la expectativa de pena justificaban la medida cautelar.
