El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dictó este miércoles 8 de julio de 2026 la sentencia definitiva por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. Los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez condenaron al excapitán de navío Claudio Javier
Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional. Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia, fue hallado responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado muerte. Al tratarse de una pena menor a tres años, el exoficial no cumplirá prisión efectiva.
Por el contrario, el tribunal resolvió la absolución del excontralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 21 de agosto.
El impacto en Concordia: la espera de la familia Mendoza
La resolución judicial tiene una resonancia particular en la región de Salto Grande. En Concordia, ciudad natal del Teniente de Navío Fernando Ariel Mendoza, la familia ha seguido el proceso con una mezcla de dolor y escepticismo. Mendoza, quien tenía 38 años al momento del siniestro, era el jefe del Departamento de Máquinas y el tercero en la cadena de mando de la nave.
Raquel Colombani, madre de Mendoza, había expresado previamente su desconfianza ante la demora judicial. “Hace más de ocho años que esperamos que se haga justicia. Que los verdaderos culpables sean juzgados como se merecen, sea civil, político o militar”, manifestó en diálogo con el diario UNO Entre Ríos. Para la familia del tripulante concordiense, la tragedia fue producto de negligencias: “El submarino estaba mal… se ahorraron costos y así les fue a los 44”.
En la capital del citrus, el recuerdo de Mendoza permanece vivo a través de un monolito en la Costanera, una calle con su nombre y murales que homenajean a los 44 «héroes». Inclusive, en actos oficiales han participado representantes del Gobierno de Salto (Uruguay), subrayando el carácter binacional del duelo regional.
Antecedentes de una tragedia nacional
El ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 tras reportar un ingreso de agua de mar que afectó las baterías, provocando un principio de incendio. La investigación fiscal sostiene que la nave colapsó por la presión del agua al descender sin control, sufriendo una implosión a más de 600 metros de profundidad.
La búsqueda inicial contó con una cooperación internacional sin precedentes que incluyó a Uruguay, junto a otros 14 países. Finalmente, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity localizó los restos a 907 metros de profundidad. Según las querellas de los familiares, el estado técnico de la unidad hacía que la tragedia fuera «previsible».
Posible apelación y el reclamo de los familiares
El Ministerio Público Fiscal, representado por Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzan, evalúa recurrir el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. La fiscalía había solicitado originalmente penas de hasta cinco años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para los cuatro imputados.
Las abogadas de las familias, Valeria Carreras y Lorena Arias, destacaron que, aunque insuficiente para el sentimiento de las víctimas, es la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su tripulación en tiempos de paz. «Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar», concluyeron tras conocer el veredicto.
