La Legislatura de Entre Ríos atraviesa días de definiciones que marcarán el pulso económico y social de la provincia. En una dualidad que expone las prioridades de la gestión de Rogelio Frigerio, la Cámara de Diputados avanzó esta semana en dos frentes: un alivio fiscal para el sector comercial y una reforma previsional que ha puesto en pie de guerra a la administración pública.
Mientras el oficialismo defiende estas medidas como herramientas para la «sostenibilidad» y la «transparencia», los sectores gremiales y la oposición advierten que el costo de la crisis está siendo trasladado a los trabajadores y jubilados, mediante un mecanismo que califican de «regresivo».
Alivio impositivo: un respiro condicionado
La Cámara baja dio media sanción al proyecto de ley de alivio tributario, destinado a fortalecer el comercio minorista. La medida contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C, y la eximición del Impuesto de Sellos para nuevos contratos comerciales.
El esfuerzo fiscal se estima en 3.000 millones de pesos, beneficiando a unos 77.800 contribuyentes. Sin embargo, desde la oposición, la diputada Andrea Zoff cuestionó el impacto real de la medida, señalando que el ahorro de entre 8.000 y 19.000 pesos mensuales por comerciante resulta insuficiente frente al aumento de tarifas y la caída de ventas,.
La reforma previsional en el ojo de la tormenta
El plato fuerte de la agenda legislativa es el proyecto de «Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional». Con media sanción del Senado, la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Hacienda y Previsión de Diputados tras jornadas de alta tensión. El núcleo de la reforma propone:
- Aumento de aportes: Un aporte extraordinario del 3% tanto para trabajadores activos como para jubilados por un periodo de hasta cuatro años.
- Cálculo del haber inicial: La base de cálculo se extiende de los últimos 10 a los últimos 15 años de aportes, lo que según los gremios licuará el monto inicial de la jubilación.
- Movilidad: Se busca unificar la actualización de haberes bajo la paritaria del sector con mayor cantidad de aportantes (estatales o docentes), eliminando la especificidad de los 98 escalafones actuales.
Perspectiva crítica: ¿Sostenibilidad o ajuste empresarial?
Desde la Caja de Jubilaciones, su titular Gastón Bagnat argumentó que el sistema es técnica y financieramente insostenible, con una relación de 1,8 activos por cada pasivo que tiende al 1 a 1. El funcionario subrayó que el sistema gasta más de lo que recauda y que no se pueden mantener «lujos» del pasado.
La respuesta sindical fue unánime en el rechazo. Abel Antivero (AGMER) calificó el proyecto de tener una «mirada empresarial» que ignora el desgaste físico y mental de los docentes. Por su parte, la Asociación de la Magistratura advirtió sobre la «delegación de facultades extraordinarias» al Ejecutivo, lo que podría habilitar modificaciones discrecionales en los aportes y el reglamento de la Caja sin control legislativo suficiente.
Un punto particularmente sensible es la jubilación de oficio. La norma permitiría cesar a empleados que reúnan los requisitos jubilatorios sin indemnización previa, lo que para el Dr. Alejandro Cánepa vulnera la estabilidad del empleo público garantizada por la Constitución Provincial.
