La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial que establece las bases normativas para avanzar hacia una administración pública íntegramente digital. Tras obtener la media sanción de la Cámara baja, la propuesta legislativa fue remitida al Senado para continuar su tratamiento parlamentario.
La norma tiene como propósito simplificar las gestiones administrativas, reducir de forma paulatina el uso del papel y optimizar el vínculo entre la ciudadanía y las dependencias estatales.
Bases operativas y principio de «una sola vez»
El marco regulatorio busca consolidar herramientas informáticas que la administración provincial ya implementa, tales como la Gestión Documental Electrónica (GDE), la firma digital y la plataforma ciudadana Mi Entre Ríos. Esta última plataforma supera actualmente los 100.000 usuarios registrados y habilita el acceso a más de 50 trámites y servicios públicos en línea.
Uno de los pilares del proyecto es la incorporación del principio de «una sola vez», mediante el cual las reparticiones públicas deberán reutilizar e intercambiar datos de forma segura para evitar que la ciudadanía deba presentar documentación que ya obra en poder del Estado.
Marcos normativos para contratación e inteligencia artificial
En el aspecto operativo, el texto legal dispone la sustitución gradual de los expedientes en formato físico por documentos electrónicos, la validez jurídica plena de las firmas digitales y electrónicas, y la validez formal de las notificaciones digitales.
Asimismo, la legislación actualiza los esquemas de contratación tecnológica del sector público, contemplando modalidades vigentes como almacenamiento en la nube, licencias, software como servicio (SaaS) y correo electrónico institucional, sujetas a auditoría y resguardo del interés público.
Desde el Gobierno provincial destacaron la orientación estructural de la medida: «No estamos haciendo una ley para comprar tecnología. Estamos construyendo las reglas para que el Estado pueda funcionar en la era digital«.
En materia de custodia informática, la propuesta ratifica que las bases de datos públicas constituyen activos bajo titularidad y gestión exclusiva del Estado. A su vez, fija directrices para el uso responsable de inteligencia artificial en el ámbito estatal, exigiendo parámetros de transparencia, supervisión humana, auditoría técnica y prevención de sesgos.
Garantías laborales e inclusión ciudadana
El tratamiento en comisiones incluyó modificaciones surgidas del diálogo con diversos sectores. A partir de las observaciones presentadas por el gremio UPCN, se incorporó un artículo específico que garantiza la preservación de los derechos de los trabajadores estatales y compromete capacitaciones técnicas para acompañar la transición tecnológica. También se sumaron propuestas formuladas por integrantes del bloque de La Libertad Avanza.
Finalmente, el esquema de aplicación prevé un despliegue progresivo que preservará de forma permanente los canales de atención presencial. Esta medida está orientada a resguardar la accesibilidad de adultos mayores, personas con discapacidad, pobladores de zonas rurales y ciudadanos sin conectividad a Internet.
