La reglamentación de la Ley Nº 11.250 establece un nuevo esquema para la gestión ambiental de las actividades económicas en Entre Ríos, con procedimientos unificados y herramientas digitales.
El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia la reglamentación de la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, mediante un nuevo marco normativo que establece procedimientos para la evaluación y el control ambiental de las actividades productivas en la provincia.
Según informó el Gobierno provincial, la reforma reemplaza regulaciones anteriores, entre ellas la Ley Nº 6.260, sancionada en 1978, y establece un sistema orientado a la unificación, digitalización y transparencia de los trámites ambientales.
El nuevo régimen fue presentado por las autoridades provinciales como resultado de un proceso de actualización normativa que incluyó el intercambio con sectores vinculados a la actividad productiva.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que la nueva normativa busca reducir la dispersión de trámites y brindar mayor previsibilidad administrativa a quienes desarrollan actividades económicas en Entre Ríos.
“La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial”, afirmó el funcionario.
Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, señaló que el nuevo esquema procura compatibilizar la actividad productiva con las obligaciones de preservación, conservación y mejoramiento del ambiente.
La funcionaria destacó especialmente la incorporación del Certificado Único Ambiental, una de las principales herramientas previstas por el régimen, que según explicó reemplazará y unificará trámites ambientales que anteriormente se gestionaban de manera separada.
Certificado de Uso de Suelo Conforme
Como parte de la implementación del nuevo régimen, la Secretaría de Ambiente aprobó un modelo uniforme de Certificado de Uso de Suelo Conforme, que establece contenidos mínimos para este documento.
La herramienta tiene como objetivo establecer criterios comunes para municipios y comunas de la provincia. No obstante, la normativa mantiene la competencia de los gobiernos locales para otorgar la correspondiente factibilidad de uso de suelo, de acuerdo con sus atribuciones.
De esta manera, el modelo provincial establece pautas comunes sin modificar las competencias municipales y comunales en esta materia.
Participación ciudadana en los procedimientos ambientales
La Secretaría de Ambiente también incorporó una modalidad digital de participación ciudadana para los procedimientos de evaluación ambiental.
El mecanismo permitirá que las personas interesadas puedan acceder de manera remota a la documentación correspondiente y presentar observaciones durante las instancias de consulta pública.
De acuerdo con la explicación oficial, la herramienta apunta a ampliar los canales de participación y se implementa en línea con los principios de acceso a la información y participación pública en materia ambiental establecidos por el Acuerdo de Escazú.
Registro Provincial Ambiental y fiscalización
El régimen contempla además la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental.
El esquema prevé mecanismos de cooperación entre la Provincia y los gobiernos locales para fortalecer las tareas de monitoreo y fiscalización ambiental en el territorio.
Asimismo, según informó el Gobierno entrerriano, se establecerá un sistema de distribución de los recursos provenientes de las sanciones con el objetivo de contribuir al control ambiental territorial.
La implementación de estas herramientas completa el nuevo esquema previsto por la Ley Nº 11.250 y su reglamentación, que reemplaza el marco normativo anterior y establece procedimientos comunes para la gestión ambiental de las actividades económicas en Entre Ríos.
