La Cámara de Diputados de la República del Paraguay resolvió este jueves aprobar de manera unánime, con 78 votos a favor y cero en contra, la acusación formal para someter a juicio político a Santiago Peña. La determinación parlamentaria se adoptó luego de que el jefe de Estado emitiera un mensaje público anunciando su renuncia al cargo para el cual fue electo en 2023.
En su alocución, el mandatario fundamentó su salida alegando la preservación de la paz social y la estabilidad institucional ante la severa crisis desatada por el colapso de ueno Bank. No obstante, el plenario legislativo resolvió no frenar la acusación y designó a ocho diputados como fiscales acusadores ante la Cámara de Senadores.
Previamente, la Cámara Baja desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana al registrar 48 votos por el rechazo frente a 30 por la aprobación. Este resultado dejó a Alliana confirmado en la línea institucional de sucesión para asumir la titularidad del Poder Ejecutivo.
El expediente de ueno Bank y el desvío previsional
El libelo acusatorio sustentado en el recinto por el diputado proyectista Raúl Benítez se articuló en cinco causales de mal desempeño de funciones. El informe documentó que, en su propia declaración jurada de bienes, Peña reconoció 8.894 millones de guaraníes colocados en instrumentos financieros y acciones del Grupo Vázquez y ueno Holding.
El expediente probatorio remarcó que el Gobierno designó al expresidente de Financiera ueno, Carlos Carballo, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP). Bajo dicha conducción, la firma obtuvo autorización bancaria en 83 días y absorbió a Banco Visión en 150 días, desatendiendo informes de riesgo e insolvencia.
Paralelamente, se cuestionó la manipulación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que eliminó topes prudenciales y elevó sus colocaciones en ueno de 80.000 millones a 2,2 billones de guaraníes, concentrando cerca del 11% de su cartera en una entidad insolvente. El pliego acusatorio sumó un crecimiento patrimonial de Peña del 1.600% en seis años y un crédito de 3.548 millones otorgado por el propio banco para edificar una residencia en San Bernardino sobre terrenos no registrados a su nombre.
Choque institucional por los fueros de senador vitalicio
La crisis derivó en un conflicto procedimental cuando la Presidencia del Congreso convocó de urgencia a una sesión bicameral para dar trámite a la renuncia del mandatario. Sectores opositores y disidentes impugnaron el tratamiento alegando que la dimisión representaba una salida pactada para garantizar la impunidad del gobernante.
Conforme al artículo 189 de la Constitución paraguaya, los mandatarios salientes que no hayan sido destituidos mediante juicio político acceden a la figura de senadores vitalicios. Dirigentes legislativos alertaron que convalidar la renuncia otorgaría fueros parlamentarios a Peña, impidiendo que la Justicia ordinaria avance en las investigaciones por el perjuicio a más de 3 millones de usuarios y ahorristas.
La deliberación bicameral concluyó de forma abrupta cuando la bancada de Diputados se retiró del recinto, registrándose únicamente 40 legisladores presentes. Ante la falta de quórum reglamentario, las autoridades levantaron la sesión, dejando abierto el proceso constitucional y a la República del Paraguay sumida en una profunda encrucijada institucional.
