La Fundación CAUCE (Cultura Ambiental – Causa Ecologista) informó formalmente al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú sobre la falta de respuesta del Ministerio de Ambiente de Uruguay ante un pedido de acceso a la información pública ambiental. La solicitud se vincula al megaproyecto de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global planea instalar en el departamento de Paysandú.
La presentación ante el organismo internacional se produce luego de que las autoridades uruguayas ignoraran una solicitud presentada originalmente en marzo de este año por CAUCE, en conjunto con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay, la cual fue reiterada sin éxito en el mes de mayo. Según la organización, hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.
Compromisos internacionales y derechos ciudadanos
CAUCE fundamentó su puesta en conocimiento ante el Comité señalando el incumplimiento de las obligaciones vinculadas al acceso a la información ambiental. Es pertinente destacar que Uruguay fue uno de los países que ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que reconoce y protege los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La relevancia de la información requerida radica en la magnitud del proyecto industrial y sus potenciales impactos transfronterizos sobre el río Uruguay, un ecosistema compartido entre Uruguay y Argentina. Desde la organización advierten que el acceso oportuno a estos datos es una condición fundamental para que las comunidades afectadas puedan evaluar y participar de forma informada en las decisiones que atañen a sus territorios y a la salud de la población.
Detalles de la información solicitada
El pedido de acceso a la información, que el Estado uruguayo mantiene sin responder, incluye puntos críticos para la evaluación socioambiental de la región:
- El expediente administrativo completo y los estudios de prefactibilidad.
- Evaluaciones de impacto ambiental, social y sanitario.
- Informes técnicos de organismos públicos y resoluciones de autorizaciones otorgadas.
- Datos específicos sobre el uso de agua, emisiones atmosféricas, efluentes y residuos.
- Análisis sobre posibles impactos transfronterizos y comunicaciones mantenidas con el Estado argentino o la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
- Convenios suscritos entre el Estado uruguayo y la empresa HIF Global.
Obstáculos a la participación binacional
Para CAUCE, la ausencia de respuesta por parte del Estado uruguayo representa un obstáculo para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y limita las posibilidades de participación ciudadana en un proyecto de gran escala. La organización ratificó que continuará impulsando herramientas jurídicas para garantizar la plena vigencia de los derechos reconocidos por el Acuerdo de Escazú en la región.
