El Gobierno y los dirigentes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado habían acordado que las organizaciones sindicales y populares liberen completamente las rutas, pero las bases de esa organización pidieron que también se acuerden otras demandas antes.
El acuerdo que el Gobierno de Panamá había logrado con algunas organizaciones sindicales y populares para desbloquear las rutas cerradas hace 15 días en protesta por la suba del precio de combustibles quedó este lunes prácticamente roto por decisión de las bases de esos movimientos, que reclaman que se atiendan otras demandas.
El Ejecutivo había anunciado el domingo un entendimiento con la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) por el que el precio del combustible quedaba en 3,25 dólares por galón (3,7 litros) y se levantaban “los cierres a nivel nacional”, dijo la presidencia.
“Estos acuerdos son el resultado del consenso y la buena disposición de las partes para mantener la paz social”, agregó el reporte oficial, recogido por la agencia de noticias AFP.
El compromiso firmado por las dos partes regía desde este lunes y establecía el precio fijo del combustible para las gasolinas de 91 y 95 octanos y del diésel.
Tras promulgación en Gaceta Oficial, entra a regir en Panamá precio fijo del galón de combustible en B/.3.25.#TReporta pic.twitter.com/A7eC2Jan8q
— Telemetro Reporta (@TReporta) July 18, 2022
“Muchos panameños y panameñas han sufrido con estas paralizaciones”, dijo el vicepresidente José Gabriel Carrizo, tras la firma del acuerdo. “Este es un enorme esfuerzo del Gobierno”, agregó.
El compromiso fue suscripto en Santiago de Veraguas, una ciudad ubicada 250 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá, epicentro de las negociaciones, donde se mantenían los cierres más fuertes, con centenares de camiones bloqueando la carretera Panamericana, que une al país con el continente.
Y fue en esta misma ciudad, en la sede de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), donde una asamblea tomó la decisión de romper delante de los medios de comunicación el acta de compromiso firmada anoche.
El secretario general de AEVE, Luis Sánchez, explicó que el acta fue firmada bajo presión y los sindicalistas habían dejado en claro que lo pactado debía ser consultado con las bases, señaló el sitio del diario Panamá América.
“Le habíamos advertido al Ejecutivo que teníamos que consultar a las bases. [El acuerdo] se firmó bajo presión, pero las bases ya decidieron y yo me acojo a lo que deciden las bases. Mientras tanto no tenemos ningún tipo de acuerdo”, dijo Sánchez, que apreció ante las cámaras del canal TVN-2 rompiendo un papel.
El dirigente de AEVE envió un mensaje directo al vicepresidente Carrizo: “No vas a pisotear AEVE; hoy rompo frente a las cámaras lo que se firmó ayer porque me debo a las bases y las bases son las que tienen último mandato”.
1:39 PM del 18 de julio de 2022: Un grupo de obreros de @suntracs1 mantienen cerrado el Corredor Sur a la altura de Santa María como protesta. Video Roberto Cisneros #LaPrensaSecuestrada informa: https://t.co/tx9NR9T9me pic.twitter.com/1HhgqrjqWx
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 18, 2022
La propuesta de 3,25 dólares por galón resultó mejor que los 3,30 ofrecidos por separado, en otra mesa de negociación aparte, a la comunidad indígena de la Comarca Ngäbe-Buglé, en la provincia de Chiriquí, en el extremo oeste del país.
En Chiriquí se producen la mayoría de los alimentos frescos del país, por lo que el bloqueo en esa zona complicaba el abastecimiento de todo Panamá.
El acuerdo también contemplaba seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas.
Las manifestaciones ocurrieron en un escenario de creciente inflación, un aumento en el precio del combustible, que llegó a ser de 47%, y una tasa de desempleo en torno del 10%.
El gobierno había ofrecido inicialmente una rebaja a 3,95 dólares por galón (desde 5,20 dólares), pero se rechazó.
Las protestas generaron desabastecimiento de gasolina y alimentos, además de pérdidas millonarias, según los gremios empresariales.
Panamá, con 4,2 millones de habitantes, experimenta una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, tras la invasión estadounidense.
Por más de dos semanas el país fue escenario de manifestaciones y cortes de rutas para exigir al gobierno de Laurentino Cortizo que baje los precios y tome medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos.
