Fue aprobada por 222 votos favor, ninguno en contra y una sola abstención, dando así media sanción al proyecto que propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias para programas de asistencia alimentaria. Ahora el proyecto pasa a Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de Emergencia Alimentaria tras la crisis que desató la política económica del Gobierno de Mauricio Macri hasta el 31 de diciembre de 2022 y que le permite al Ejecutivo la reasignación de partidas presupuestarias por 10 mil millones de pesos en lo que queda del año para atender la urgencia y cumplir la reglamentación, que ahora deberá atravesar por el Senado para convertirse en ley.
Fue una sesión corta en la que oficialistas y opositores respetaron los acuerdos previos: Cambiemos dio quórum, bajó al recinto y acompañó el proyecto redactado por casi toda la oposición (FpV-PJ, FR, Red, Movimiento Evita, partidos provinciales y diversos monobloques) que fue respaldado por 222 votos y la sola abstención de una diputada del interbloque del FIT.
A lo largo de 3 horas, en el recinto no se vivieron zozobras ni hubo cruces ni discusiones fuertes, aunque tampoco faltaron críticas a la política económica y la negación del gobierno de Macri frente al hambre que sufren sectores vulnerables de la población, que buscó morigerar la tardía reacción del oficialismo parlamentario de acompañar la ley ante el abroquelamiento de toda la oposición. Un escenario que contrastaba con un Congreso vallado y aislado en medio de un impresionante dispositivo policial para contener la movilización de los movimientos sociales que impulsaron la emergencia (Ctep, Barrios de Pie, CCC y Frente Popular Darío Santillán), que siguieron la sesión frente al Palacio legislativo y se retiraron pacíficamente tras la votación.
PRINCIPALES PUNTOS DEL PROYECTO
• La Emergencia Alimentaria se prorroga hasta 2022.
• Disponeun aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
• Sedeberá otorgar “como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
• Faculta al Jefe de Gabinete a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias” para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
• Autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
• Establece que “el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado .
• La Sindicatura General de la Nación instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.
