El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó la Ley 15.245, que modifica el Código Penal y fortalece el combate al crimen organizado, después de la polémica «Operación Contención» en Río de Janeiro, la más letal en la historia reciente del país.
El 30 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Unión la Ley 15.245, que endurece penas y tipifica nuevos delitos vinculados al crimen organizado en Brasil. La normativa sancionada por Lula modifica el Código Penal (2.848/1940) y la Ley de Organizaciones Criminosas (12.850/2013).
La ley establece que contratar integrantes de asociaciones criminales para cometer delitos acarrea 1 a 3 años de prisión, sumados a la pena del delito cometido. Además, tipifica los crímenes de obstrucción de acciones contra el crimen organizado y conspiración para obstruirlas, con penas de 4 a 12 años de prisión.
Medidas de seguridad y detenciones
Antes del juicio, los investigados deberán cumplir la prisión provisional en establecimientos federales de máxima seguridad. También se amplía la protección a autoridades judiciales, fiscales, policías y sus familiares en situación de riesgo por el ejercicio de sus funciones.
Operación Contención y masacre en Río
La ley se sanciona después de la Operación Contención, un operativo conjunto en los complejos del Alemão y la Penha, que dejó más de 120 muertos. La acción es considerada la más letal en la historia reciente de Brasil y expuso la dificultad de enfrentar al Comando Vermelho.
Los criminales reaccionaron con barricadas, explosivos lanzados con drones y bloqueos de calles, afectando la vida de los vecinos. La operación generó protestas y denuncias de ejecuciones y torturas dentro de las comunidades.
Protestas y coordinación federal
El 29 de octubre, vecinos del Alemão y la Penha se movilizaron frente al Palácio Guanabara, denunciando la masacre y responsabilizando al gobernador Claudio Castro. La activista Rute Sales afirmó:
«No es posible que este gobernador no sea responsabilizado por tantas vidas. Lo que ocurrió en la comunidad fue un genocidio. Toda véspera de elecciones hay estrategias para entrar y matar a nuestro pueblo.»
Tras la masacre, se anunció un escritorio emergencial para coordinar esfuerzos entre autoridades federales y estatales. El ministro Ricardo Lewandowski informó un aumento del efectivo policial, más agentes de inteligencia y peritos disponibles para apoyar la operación.
A pesar de las críticas, el gobernador Castro declaró que la operación fue un éxito, señalando que las únicas víctimas fueron los cuatro policías muertos, mientras los residentes sostienen que hubo un doble estándar en la seguridad, afectando principalmente a la población vulnerable.
