La administración del presidente Javier Milei ha ha tomado la administración de las rutas nacionales 12 y 14, previamente gestionadas por Caminos del Río Uruguay (Crusa). Esta acción, ejecutada por Vialidad Nacional, resultó en la rescisión inmediata del empleo de 500 trabajadores de Crusa.
En un movimiento que contradice su discurso de reducción del Estado, la administración del presidente Javier Milei concretó este martes la estatización del corredor vial que comprende las rutas nacionales 12 y 14, hasta ahora operado por la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa). La toma de control por parte de Vialidad Nacional se produjo en medio de la incertidumbre y el malestar de los 500 trabajadores de la concesionaria, quienes quedaron sin empleo de manera abrupta.
Pasadas las 23:00 del martes, cuatro delegados de Vialidad Nacional se presentaron en la estación de peaje ubicada en el kilómetro 85.400 de la ruta 14, en el acceso al complejo Zárate Brazo Largo. Con una escueta orden, formalizaron la recepción de la estación de peaje, marcando el fin de la concesión de Crusa y el inicio de la gestión estatal del estratégico corredor vial que conecta Argentina con el Mercosur.
La medida, calificada por muchos como una paradoja ideológica del gobierno libertario, se concretó en medio de la movilización y la angustia de los empleados de Crusa. Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa), se hizo presente en el lugar para expresar su preocupación por la situación de los trabajadores.
«Es natural que cada gobierno intente poner en cada concesión a empresarios más cercanos, eso no sería una novedad. Lo que es novedad, y más en un gobierno que detesta el Estado y cuyo presidente se ha manifestado diciendo que es un topo de los empresarios dentro del Estado, apele a que la gestión la lleve adelante Vialidad Nacional no haciéndose cargo de los trabajadores que quedan sin trabajo. ¿Con qué gente va a operar? ¿Cómo va señalizar los accidentes?», dijo Moyano al medio Impacto Local.
Si bien el sindicato, según declaraciones de Moyano a La Nación, descartó por el momento realizar cortes de ruta, la incertidumbre sobre el futuro laboral de los 500 empleados de Crusa es palpable. La empresa concesionaria se encuentra en concurso de acreedores, y la pérdida de la concesión anticipa un camino hacia la quiebra, dejando sin indemnización a sus trabajadores.
Desde el Gobierno, la explicación oficial apunta a la imposibilidad de concretar a tiempo la privatización del corredor vial, tal como se había anticipado. La audiencia pública realizada el 25 de febrero para el tramo Zárate-Paso de los Libres reveló un desacuerdo generalizado respecto a la tarifa de peaje propuesta, considerada demasiado alta para los usuarios e insuficiente para los potenciales inversores.
Esta situación impidió avanzar con la licitación y derivó en la decisión de que Vialidad Nacional asumiera la operación de manera «temporal». Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Un dirigente del sector, cuya identidad no trascendió, expresó duramente: «Claramente hay una dirección política. Pero no sabe cómo manejar una concesión, no están elaborados los pliegos. Hay una necedad del Gobierno, una total soberbia. El Gobierno tiene funcionarios con miedo de ejecutar, que no saben qué hacer. Es un gobierno que por un lado desprecia al Estado y por el otro, apela a una estatización con Vialidad Nacional, la peor casta que existe en la Argentina y que ha generado la peor corrupción».
La historia de la concesión de Crusa se remonta a los años 90, en el marco de las privatizaciones de la administración de Carlos Menem. Sin embargo, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura vial fueron una constante, en parte debido a las fluctuaciones económicas que afectaron la rentabilidad de la concesión.
Mientras tanto, en las oficinas de Vialidad Nacional en Buenos Aires reina la incertidumbre. A la figura formal de su jefe, Marcelo Jorge Campoy, se suma la influencia informal de Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente. Además, un proyecto de reforma administrativa avanza con la intención de disolver el organismo y subsumirlo en una agencia, lo que añade aún más interrogantes sobre el futuro de la gestión vial en el país.
La estatización de este corredor clave, aunque presentada como una medida transitoria, abre un debate sobre la coherencia ideológica del gobierno de Javier Milei y plantea serias dudas sobre el futuro de los trabajadores y la eficiencia de la gestión estatal en un sector históricamente marcado por la controversia.
