El Gobierno de Brasil oficializó mediante decreto presidencial la promulgación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). La disposición cobró vigencia legal tras su publicación y fija que los compromisos asumidos tendrán efectos jurídicos a partir del 1 de octubre de 2026.
La firma del decreto concluye el proceso de incorporación formal del acuerdo internacional al marco legal interno brasileño. La iniciativa busca incrementar el intercambio comercial y promover la atracción de inversiones entre los países de ambos bloques económicos.
Para el corredor del río Uruguay y los sectores productivos de la región de Salto Grande —donde operan cadenas agroexportadoras e industriales vinculadas a Argentina y Uruguay—, la puesta en marcha de este acuerdo constituye una referencia clave en el esquema geopolítico y de comercio exterior de la región.
Integración de bloques y alcance del tratado
El Mercosur está integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en tanto Venezuela se mantiene suspendida en sus derechos como Estado parte desde 2017. Por su lado, la EFTA abarca a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, naciones europeas que no forman parte de la Unión Europea.
El tratado prevé una flexibilización en los procedimientos aduaneros para agilizar las operaciones fronterizas. Asimismo, establece la supresión de barreras técnicas al comercio y la eliminación de medidas sanitarias o fitosanitarias que resulten innecesarias para la circulación de mercancías.
Entre las normas acordadas figura el mayor acceso de empresas sudamericanas a los mercados de compras públicas de los Estados europeos. De igual manera, se estableció el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas, herramienta enfocada en otorgar valor agregado a los productos característicos de origen regional.
Proceso de negociación y ratificación institucional
El texto del acuerdo fue firmado el 16 de septiembre de 2025 por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El documento final fue el resultado de diez rondas de negociación técnica entre delegaciones de ambos bloques, iniciadas en 2017 y concluidas en 2025.
Durante el año 2026, el Poder Legislativo de Brasil aprobó la propuesta parlamentaria en junio, paso previo a la ratificación formal concretada por el Poder Ejecutivo en el mes de julio.
A la par de las disposiciones arancelarias y comerciales, el documento formalizado incorpora cláusulas relativas a la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad y la defensa de los derechos humanos. Desde la Presidencia de la República de Brasil sostuvieron que el acuerdo genera un marco adecuado para ampliar las exportaciones de productos nacionales hacia el mercado europeo.
