El gobierno de Entre Ríos formalizó la ratificación de un millonario esquema de asistencia para los efectores privados de salud de la provincia. A través del Decreto DTO-2026-2141-E-GER-GOB, publicado en el Boletín Oficial del 26 de agosto de 2026, el gobernador Rogelio Frigerio convalidó la prórroga de un subsidio que cubre la mitad del costo de la factura de energía eléctrica a clínicas y sanatorios durante todo el año en curso.
La medida representa una transferencia estimada de $413.887.245,50 desde las arcas públicas hacia el sector privado de la salud. Esta erogación reabre el debate sobre las prioridades en el uso de los fondos de infraestructura energética de la provincia, en un escenario de alta tensión tarifaria para los usuarios residenciales y comerciales comunes del corredor del río Uruguay.
El origen de un beneficio excepcional que tiende a perpetuarse
El esquema de auxilio no es nuevo, sino la continuidad de una política de excepción que amenaza con institucionalizarse de forma permanente. El subsidio original nació bajo el Decreto Nº 3422/24 MPIyS para regir entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, un día antes de que venciera aquel plazo, la Secretaría de Energía dictó la Resolución Nº 591/25 SE «Ad Referéndum» del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad del beneficio durante todo el ejercicio 2026. La firma del nuevo decreto provincial llega para salvar administrativamente un beneficio que las clínicas ya venían percibiendo de hecho desde comienzos de año.
La asistencia consiste en una bonificación equivalente al 50% sobre el importe básico facturado por el consumo de electricidad, aplicada de forma directa en las boletas antes de impuestos, tasas provinciales o penalidades.
El lobby de Concordia y la justificación de la «sostenibilidad»
La decisión estatal responde de manera directa a la presión corporativa de las patronales médicas. Según consta en los considerandos de la norma, la prórroga se fundamentó en las solicitudes formales de la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos. Ambos nucleamientos empresarios argumentaron que persisten las dificultades operativas que impiden ofrecer «servicios de calidad» sin el auxilio de las arcas públicas.
Desde una perspectiva analítica, la fundamentación oficial del decreto resulta sintomática del estado de la salud en la provincia: el Ministerio de Salud entrerriano avaló la medida con el argumento de que es «imprescindible la sostenibilidad del sistema de salud provincial», entendiendo que existe una articulación obligada entre el subsector público y el privado.
De este modo, el Estado asume que la quiebra o la pérdida de rentabilidad de las empresas privadas de salud colapsaría los hospitales públicos, los cuales ya operan bajo fuertes restricciones presupuestarias.
La ruta de los fondos públicos bajo la lupa del EPRE
Los más de $413 millones de pesos asignados a este subsidio no saldrán de las partidas generales de salud, sino de recursos destinados al desarrollo de la infraestructura de los entrerrianos. El decreto autoriza la afectación directa de recursos provenientes del Fondo Compensador de Tarifas (FCT) y del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (FDEER).
A diferencia de otros subsidios de acreditación automática, la transferencia a las distribuidoras eléctricas de la provincia (como ENERSA y las cooperativas locales del corredor del Uruguay) estará sujeta a condicionamientos técnicos. La Secretaría de Energía solo liquidará los fondos previa presentación de declaraciones juradas por parte de las clínicas y tras la correspondiente fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).
Este control cruzado busca evitar desvíos en un momento donde las cooperativas eléctricas y la propia ENERSA enfrentan serias dificultades financieras para cerrar la Revisión Tarifaria Quinquenal, un proceso técnico clave que también se encuentra demorado por prórrogas oficiales de último momento en el mismo Boletín Oficial.
