En una jornada de intensa actividad legislativa, la Cámara de Diputados de Entre Ríos avanzó este martes 19 de mayo en el tratamiento de iniciativas que apuntan al fortalecimiento institucional y a la planificación económica territorial.
Certeza jurídica en el mecanismo de remoción
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, analizó el proyecto que busca establecer un régimen de aplicación para la remoción de altos funcionarios por mal desempeño.
Según explicó Lena, aunque la Constitución Provincial contempla el instituto del Juicio Político, existe un vacío en cuanto a los pasos detallados para su ejecución. «El texto normativo viene a suplir la falta de precisiones sobre la apertura del proceso investigativo, las notificaciones, los plazos probatorios y la forma de ejercer la defensa«, argumentó la legisladora.
El objetivo primordial de esta regulación es otorgar previsibilidad y consistencia constitucional, evitando que esta herramienta de equilibrio entre poderes se convierta en un factor de incertidumbre. Para el diseño del articulado, se toma como herramienta subsidiaria el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. El debate contó con los aportes del senador Juan Pablo Cosso y del secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor.
Hacia una estrategia para el Norte Entrerriano
En paralelo, las comisiones de Hacienda y de Economías Regionales evaluaron la creación de la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano. Esta iniciativa, de autoría de la senadora Gladys Domínguez, propone un ámbito de planificación y monitoreo de políticas públicas para esta región en materia productiva, educativa y de infraestructura.
Domínguez definió la propuesta como una «oportunidad clave para transformar la región con una mirada de justicia territorial«. Por su parte, desde el Poder Ejecutivo, la coordinadora María Paula Vicari destacó que el proyecto busca:
- Promover nuevas cadenas productivas con valor agregado en origen.
- Fomentar la inversión público-privada en obras viales y conectividad.
- Incentivar la generación de empleo privado de calidad.
Este avance legislativo representa un paso significativo para la región del corredor del río Uruguay, al integrar al norte de la provincia en una agenda de desarrollo que trascienda las gestiones de turno.
