El Gobierno uruguayo manifestó su «seria preocupación» ante los ataques aéreos en territorio venezolano y ratificó su postura histórica de respeto al Derecho Internacional, haciendo un llamado a la paz regional.
El Poder Ejecutivo de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, sigue con «atención y seria preocupación» los recientes acontecimientos en Venezuela, que incluyen reportes de ataques aéreos por parte de los Estados Unidos contra infraestructura civil y militar en dicho país. Ante el agravamiento de la situación, el mandatario decidió convocar a sus ministros a una reunión de gabinete para este domingo 4 de enero, con el fin de analizar la evolución del conflicto.
Una postura firme contra la fuerza militar
A través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay reafirmó su rechazo histórico a la intervención militar de un país en territorio de otro. La Cancillería enfatizó que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, cumpliendo con los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Por su parte, el presidente Orsi fue contundente a través de sus redes sociales al declarar que “el fin no puede justificar los medios”. El mandatario subrayó que la posición uruguaya se centra en el rechazo a la intervención y en la búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis en Venezuela.
América Latina como zona de paz
El Gobierno también recordó el consenso regional que define a América Latina y el Caribe como una zona de paz, libre de armas nucleares. En este sentido, se realizó un llamado formal a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que utilicen sus «buenos oficios» y procuren una solución positiva ante la gravedad del escenario actual.
Situación de compatriotas
En el plano operativo, la Cancillería uruguaya aseguró que mantiene un contacto permanente con el Consulado en Caracas. El objetivo es monitorear de cerca la situación de la comunidad de compatriotas residentes en Venezuela, así como garantizar la seguridad del cuerpo diplomático y administrativo que cumple funciones en la capital venezolana.
