Durante la LXVIII Sesión del Parlamento del MERCOSUR, realizada el lunes 14 de octubre, los Parlamentarios discutieran sobre la decisión del gobierno uruguayo de otorgar el «estatuto de refugiados» a los ciudadanos paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, que habían llegado al país en julio de este año y salieron de Uruguay el martes 8 con destino a Finlandia. Los tres ciudadanos, que son buscados por la Justicia de su país, son militantes de la izquierda radical y están siendo juzgados por un secuestro cometido en 2001.
La Parlamentaria paraguaya María Eugenia Crichigno cuestionó tanto a la justicia como al gobierno uruguayo por rechazar el pedido de extradición de los acusados. Crichigno expresó la preocupación ante la ausencia de cooperación de la República Oriental del Uruguay, “que lamentablemente se ha apartado de una tradición de observación rigurosa en la defensa de los derechos humanos, conculcados groseramente por las citadas personas, que son prófugas de la justicia paraguaya, por la presunta comisión de graves delitos contra la libertad de las personas, y no detentan la calidad de perseguidos políticos, como lo ha demostrado con meridiana claridad, el mencionado fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
Por su parte, la Parlamentaria paraguaya Edith Benítez, indicó que “los representantes de la República del Paraguay, ante el PARLASUR, lamentan que la noble institución del refugio consagrado en la legislación internacional; y que tiene como antecedentes directos, La convención de Ginebra del año 1954 y el Protocolo de Nueva York de 1967, sean utilizados, con el objetivo de conferir la categoría de refugiados a tres personas, connacionales que no son perseguidas por su raza, religión, su ideas y/o posiciones políticas”.
El Parlamentario Nelson Argaña agregó que no se puede indilgar “la propia inutilidad de las autoridades paraguayas a sus pares uruguayas» y pidió la destitución del embajador paraguayo en Uruguay. “Queridos Parlamentarios, sería estúpido hablar de conspiración internacional contra el Paraguay, (cuando hay) gran negligencia de servicio diplomático para dicha defensa”, planteó Argaña.
Por otro lado, el Parlamentar uruguayo Roberto Chiazzaro respondió a las críticas paraguayas indicando que no fue decisión del Ejecutivo lo sucedido con las tres personas en cuestión. “No es decisión de gobierno, que está regido por el sistema republicano y en Uruguay existe libertad irrestricta de cada uno de los tres poderes del Estado y esta es una decisión del Poder Judicial, que como Parlamentarios del MERCOSUR no podemos cuestionar tampoco al Poder Ejecutivo”, aseguró.
Afirmó que en su país existe la separación de poderes, que se respeta y que si ello no fuese así, se estaría alterando las reglas de juego en relación a la autonomía de los poderes.
