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Reducción de derechos laborales y sociales no promovió crecimiento económico en América Latina

La experiencia de América Latina en los últimos años demostró que la reducción de derechos laborales y sociales no promueve el crecimiento de la economía, expresó el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Ernesto Murro. Reiteró que el 85 % de los acuerdos salariales y de condiciones de trabajo fueron suscriptos entre empresarios y trabajadores. La tradición uruguaya se basa en el tripartismo y la participación social, añadió.

Uruguay construyó a lo largo de su historia un sistema de relaciones laborales y de protección social amparado en leyes y decretos que fortalecieron el sistema de negociación colectiva, los derechos laborales y sociales, las relaciones laborales y el sistema de prevención, particularmente en los últimos 15 años, desarrolló Murro en el Congreso Iberamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo.

Recordó que en Uruguay se puede negociar de forma bipartita o tripartita, pero es algo obligatorio, que, si no se hace, el Gobierno establezca un decreto del salario mínimo de las categorías correspondientes y un porcentaje general de aumento de salario para ese colectivo de trabajadores, derechos que no se observan en otros países de América Latina. Desde 2005 se realizaron siete rondas de negociación colectiva, con 85 % de acuerdos entre empresarios y trabajadores en la fijación de salarios y condiciones de trabajo, explicó.

“El futuro de las relaciones laborales dependerá de lo que decida la sociedad. Este Gobierno es partidario de la participación y la negociación colectiva, otros son partidarios de otras formas de relaciones y organización. Todo depende de las decisiones políticas de quienes se encuentren en el Gobierno”, destacó Murro.

En varios países de América Latina se implementó la reducción de derechos laborales y sociales por creer que habría más crecimiento en la economía, y se ha demostrado que no es así, expresó el ministro.

El tripartismo y la participación social, para el Gobierno, son una señal de identidad y una característica del país. Por ejemplo, el directorio ejecutivo de la principal institución del rubro, el Banco de Previsión Social, incluye a representantes de los empresarios, los trabajadores y los jubilados y pensionistas, además de los del Gobierno.

Por otro lado, se desarrollaron normas laborales y sociales. En los últimos 15 años, se aprobó medio centenar de leyes de protección laboral y social, ejemplificó.

Añadió que se trabaja para ser uno de los primeros países en el mundo en aprobar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre acoso y violencia en el trabajo.

“Podemos tener las mejores leyes, pero si no hay una apropiación de la sociedad y una militancia para que se lleven adelante, no se puede lograr”. Destacó que el Gobierno no es partidario de una imposición por decreto y, por ello, apuesta al involucramiento de la organización social.

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