La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es competente para tratar la demanda presentada por Entre Ríos contra el Estado nacional por el incumplimiento del Pacto Intrafederal de Salto Grande. El fallo allana el camino para que avance la causa por los fondos adeudados a la provincia.
En un paso clave dentro del reclamo judicial iniciado por Entre Ríos, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen este miércoles en el que respalda la competencia de la Corte Suprema de Justicia para intervenir en el conflicto que enfrenta a la provincia con el Estado nacional por el incumplimiento del Pacto Intrafederal de Salto Grande.
Este pronunciamiento representa un nuevo avance en la estrategia del gobierno entrerriano para recuperar los recursos que le corresponden por derecho en virtud del acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Dicho pacto establece los mecanismos de distribución de los excedentes económicos generados por la represa hidroeléctrica de Salto Grande.
Con este aval de la Procuración, queda despejado el principal obstáculo para que el expediente continúe su curso ante el máximo tribunal del país. En ese marco, la provincia ya había solicitado la realización de una audiencia de conciliación, cuya viabilidad dependía del dictamen recientemente emitido. Ahora, se espera que la Corte fije fecha para ese encuentro.
Desde el Gobierno de Entre Ríos celebraron la decisión y remarcaron su relevancia: “Es fundamental para que la Corte asuma su competencia y avance en la resolución del conflicto. Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho”, indicaron voceros oficiales.
El conflicto se remonta a una serie de resoluciones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de 2013, que modificaron de manera unilateral el valor reconocido a la energía generada por la represa. Esta maniobra redujo significativamente los excedentes reparatorios destinados a las provincias involucradas, afectando los ingresos que deben recibir como compensación por el uso del recurso hidroeléctrico compartido.
El reclamo entrerriano busca no sólo el resarcimiento económico, sino también el reconocimiento del principio federal que rige la administración de Salto Grande y que se vio vulnerado por la actuación del Gobierno nacional.
Con este nuevo paso procesal, la expectativa ahora se centra en la respuesta de la Corte Suprema, que deberá definir los próximos movimientos en una causa que podría sentar un precedente clave en materia de federalismo fiscal y distribución equitativa de recursos energéticos en la Argentina.
