El violento desalojo en la terminal portuaria de «La Histórica» deja seis detenidos y abre una profunda grieta política en Entre Ríos. Analizamos las implicancias de un reclamo que amenaza con paralizar los puertos de todo el país.
El conflicto en el Puerto de Concepción del Uruguay, que comenzó como un reclamo gremial el pasado domingo, derivó este lunes en una jornada de extrema violencia. Los estibadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) exigen el reconocimiento formal de su entidad para representar a los trabajadores locales. Sin embargo, la falta de una resolución administrativa previa trasladó la disputa de las oficinas a los muelles, culminando en un operativo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval Argentina.
Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma y gases para dispersar a los manifestantes que bloqueaban los accesos. Según informó el medio UNO, el referente sindical Alberto Paredes denunció que los efectivos atacaron a los trabajadores con «garrotes y piedrazos», resultando heridos dos operarios. En consecuencia, el escenario de «La Histórica» se transformó en un foco de inestabilidad que trasciende lo laboral para convertirse en un problema de orden público provincial.
El respaldo oficial y la «demanda judicial»
El Ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, justificó el accionar policial mediante sus redes sociales oficiales. El funcionario argumentó que un buque debía cargar madera para exportación y que el grupo sindical intentó impedir el flujo de camiones. Por este motivo, Roncaglia sostuvo que la policía actuó para dar cumplimiento a una «demanda judicial» tras advertir a los manifestantes que desistieran de su actitud.
A pesar de los seis detenidos y los policías heridos reportados por el Ministerio, el discurso oficial enfatiza que el derecho a la protesta no puede vulnerar el derecho constitucional a trabajar. No obstante, este enfoque puramente legalista ignora las raíces de un conflicto en el Puerto de Concepción del Uruguay que lleva días gestándose sin una mediación política efectiva. En este sentido, la intervención de la fuerza parece ser el último recurso ante una gestión de crisis que no logró anticipar el estallido.
Implicancias políticas y el riesgo de un paro nacional
La oposición provincial no tardó en criticar duramente la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. El diputado Guillermo Michel vinculó los incidentes directamente con la «falta de gestión y presencia» del mandatario ante los problemas de los entrerrianos. Por su parte, la diputada Blanca Osuna denunció en declaraciones recogidas por APFDigital que el gobierno intenta «disciplinar un reclamo legítimo» mediante la criminalización de la protesta social.
Por otro lado, la crisis podría escalar a un nivel sistémico para el comercio exterior argentino. La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), liderada por Marcelo Osores, ya advirtió que paralizarán todos los puertos del país si persiste la hostilidad hacia los trabajadores. Así, lo que nació como una puja por representatividad sindical en Entre Ríos amenaza con convertirse en un conflicto logístico nacional, afectando seriamente las divisas por exportaciones.
