El reciente encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio y la Liga de Intendentes Justicialistas no fue solo una formalidad institucional, sino un reconocimiento explícito del crítico estado que atraviesa la situación financiera de Entre Ríos. La caída de ingresos, que según el mandatario golpea con más fuerza a la provincia que a los municipios, obliga a un replanteo del esquema de distribución de fondos.
El dilema de la coparticipación
Frigerio lanzó un mensaje político de apertura al ofrecerse a no bloquear discusiones sobre la coparticipación de nuevos fondos, una demanda histórica de los territorios que cobra urgencia ante el recorte de giros nacionales y la baja recaudación local. Sin embargo, el gobernador condicionó esta apertura a la mejora de la «calidad del gasto público», un eufemismo para advertir que la provincia no financiará desequilibrios estructurales preexistentes en los municipios.
Realidades asimétricas
La mención de Frigerio a una realidad municipal «heterogénea» desnuda la fragilidad del sistema: mientras algunas comunas logran sostener salarios y servicios, otras están al borde del ahogo financiero. Esta asimetría debilita la posición negociadora de la Liga, pero fortalece el reclamo de una solución colectiva.
Implicancias territoriales
La presencia del gabinete económico y de áreas sensibles como Salud y Desarrollo Humano en la reunión confirma que la crisis ya afecta la operatividad básica del Estado. El pedido de los intendentes, encabezados por Adrián Fuertes, de «trabajar hombro con hombro» refleja una tregua política forzada por la emergencia. La pregunta de fondo es si la articulación prometida será suficiente para evitar que el ajuste de los recursos se traduzca en una degradación irreversible de la infraestructura y los servicios en el corredor entrerriano.
