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Concordia: Cesantía para un empleado municipal por prestar servicios privados en horario estatal

Tras una investigación administrativa, el Ejecutivo local dispuso la baja de un agente de la Dirección de Higiene Urbana. Se constató que el empleado, exasesor de una concejal opositora, acumuló 50 faltas y ejercía su actividad privada mientras debía cumplir tareas municipales

La Municipalidad de Concordia resolvió la cesantía definitiva de un agente tras comprobar graves irregularidades en el cumplimiento de sus funciones. La medida administrativa recayó sobre Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana, bajo la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos.

La investigación, llevada adelante por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, detectó que el agente acumuló más de cincuenta días de inasistencias injustificadas en un período comprendido entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025.

Actividad privada y abandono de tareas

El proceso de sumario administrativo reveló un agravante: durante las horas en las que debía prestar servicio para el Estado municipal, Gutiérrez trabajaba en su peluquería particular, ubicada en la zona céntrica de la ciudad (calle Santa María de Oro, entre Entre Ríos y San Luis).

Según consta en el expediente oficial, se reunieron pruebas testimoniales donde el propio agente reconocía ante sus clientes que debía encontrarse cumpliendo funciones en el municipio al momento de atenderlos. Ante la contundencia de las pruebas, el Departamento Ejecutivo aplicó la sanción basándose en la Ordenanza de Escalafón Municipal N.º 11.275/49.

El trasfondo político del caso

Desde la gestión municipal se puso énfasis en los antecedentes del agente, quien antes de su paso por Higiene Urbana ocupó un cargo en el Concejo Deliberante como asesor de la concejal de la oposición, Claudia Villalba.

Este caso es presentado por la administración local como un ejemplo de la intensificación de los controles internos para garantizar el uso responsable de los recursos públicos. Fuentes oficiales remarcaron que el objetivo es asegurar que cada salario financiado por los contribuyentes tenga una contraprestación efectiva de servicios.

«No habrá tolerancia frente a situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones o un perjuicio para los vecinos«, señalaron desde el municipio tras notificar la medida al agente y a su defensa técnica

Un despido particular en medio de una nueva ola de cesantías

Mientras el Ejecutivo local presenta este caso como un ejemplo de su política de «tolerancia cero» y fortalecimiento de controles internos, la medida ha tomado una fuerte relevancia pública al coincidir con denuncias gremiales sobre una nueva etapa de ajustes en la planta estatal.

Este caso individual se inscribe en un contexto crítico donde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado el despido de más de cien agentes municipales en los últimos días, sumando un total de casi 400 desvinculaciones desde el inicio de la gestión del intendente Francisco Azcué. Según los registros gremiales y de la oposición, estas bajas han afectado áreas operativas sensibles como Salud, Obras Públicas, Tránsito y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), lo que ha generado quejas por la reducción de servicios esenciales en diversos barrios de la ciudad.

Ante la magnitud de esta nueva ola de cesantías, que según ATE se ejecutó sin notificaciones formales y mediante mensajes de WhatsApp o el bloqueo del sistema de marcado, el Concejo Deliberante de Concordia votó por unanimidad la citación del secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra. El dato político más destacado fue el acompañamiento del propio bloque oficialista a este pedido de informes, marcando una distancia inédita con el Ejecutivo ante la falta de argumentos técnicos que justifiquen el carácter masivo de los recientes despidos.

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