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Brigadas entrerrianas combaten incendios en el Delta y avanzan en la identificación de responsables

El Gobierno de Entre Ríos desplegó brigadistas y activó el protocolo interinstitucional tras detectarse focos de incendio frente a Ramallo y San Pedro. Las autoridades proyectan controlar los frentes más complejos durante la jornada de este jueves.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha acciones de control y contención de incendios en la zona del Delta del Paraná, tras detectarse una serie de focos ígneos en la región durante la tarde del martes. De acuerdo con la información oficial, los frentes de mayor complejidad se localizaron frente a las localidades bonaerenses de Ramallo y San Pedro, debido a su extensión y cercanía con la línea de costa.

Despliegue de brigadistas y coordinación interjurisdiccional Ante la emergencia, personal de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA) de Entre Ríos fue desplegado en territorio insular. El traslado y desembarco de los brigadistas se realizó con apoyo operativo de la Prefectura Naval Argentina. Las tareas de mitigación y logística son coordinadas por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que articula recursos entre las jurisdicciones provinciales y el Estado nacional.

El comando de operaciones informó que para la jornada de este miércoles se proyectaba que los focos ígneos quedaran circunscriptos y bajo control, mientras continuaban las tareas de combate directo del fuego.

Investigación y posibles sanciones

En paralelo al operativo, equipos técnicos del Plan de Manejo del Fuego trabajan en la georreferenciación de las áreas afectadas y en el cruce de datos catastrales para identificar a los propietarios de los campos involucrados. Según indicó la Provincia, una vez determinada la titularidad de los terrenos se iniciarán los expedientes administrativos correspondientes para aplicar las máximas sanciones previstas por la legislación vigente en casos de quemas no autorizadas.

Compromiso ambiental El Ejecutivo entrerriano señaló que estas acciones forman parte de una política de preservación ecológica y del ejercicio del poder de policía ambiental, con el objetivo de desalentar prácticas que puedan poner en riesgo los ecosistemas del Delta.

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