La estabilidad económica del corredor del río Uruguay vuelve a estar en vilo. El Gobierno de Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio, analizó este jueves en reunión de gabinete la crítica situación de la planta Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. La empresa atraviesa una aguda crisis financiera que ha derivado en el impago de haberes y la consecuente paralización de actividades por medidas de fuerza gremiales.
Para la administración provincial, el conflicto ha superado la esfera de lo privado. «Termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados», advirtió el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. La magnitud del impacto social obligó al Ministerio de Desarrollo Humano a intervenir con la entrega directa de alimentos a las familias de los trabajadores, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la falta de ingresos.
Una crisis estructural que se repite
A diferencia de lo que podría sugerir un conflicto coyuntural, la situación en Granja Tres Arroyos presenta rasgos de fragilidad estructural. Desde el Ejecutivo recordaron que esta no es la primera intervención: durante el año 2025, la provincia ya había mediado para evitar el cese total de operaciones y garantizar el flujo salarial.
La persistencia de estas «dificultades financieras» pone de manifiesto la incapacidad de la firma para normalizar su esquema operativo en el actual contexto económico.
En este marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de oficio, una herramienta legal que permite al Estado citar a las partes sin esperar un pedido formal, con el fin de establecer un cronograma de pagos que sea «prudente y de posible cumplimiento».
La «mesa técnica»: deudas de energía e impuestos
Un dato clave que trasciende lo estrictamente laboral es la conformación de una mesa de trabajo interministerial con la participación de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la empresa de energía Enersa.
Esta integración sugiere que la crisis de Granja Tres Arroyos no se limita a los salarios, sino que arrastra compromisos impositivos y de servicios básicos de alto costo industrial. La viabilidad de la planta en el departamento Uruguay depende ahora de una ingeniería contable y política que involucra gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Económico y diálogos informales con los sindicatos para intentar «encauzar» el conflicto.
Implicancias territoriales
Para la región de Salto Grande y el corredor del Uruguay, la suerte de Granja Tres Arroyos es un termómetro de la industria avícola, pilar del empleo en la zona. La caída de este gigante productivo no solo afectaría a las 900 familias directas, sino que desarticularía una red de proveedores y servicios que sostiene gran parte de la actividad comercial en «La Histórica». La intervención oficial busca, en última instancia, evitar que el efecto dominó profundice la recesión en el litoral entrerriano.
