La detención de Jorge González, expresidente de la empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica en Entre Ríos, sacude la política provincial. La Justicia Federal investiga presuntas coimas en la contratación de seguridad privada y apunta a un funcionario clave de la gestión del ex gobernador, Gustavo Bordet.
En un operativo que sacudió la escena política de Entre Ríos, Jorge González, quien fuera presidente de Enersa durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet, fue detenido por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La medida se enmarca en la investigación del caso Securitas, que indaga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a cambio de contratos con organismos y empresas estatales, entre ellas, la compañía eléctrica entrerriana.
La orden de detención, solicitada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, se basa en la sospecha de que González «se involucró personalmente» en la contratación de los servicios de Securitas, donde trabajaban los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, también implicados en la causa.
El operativo, llevado a cabo por personal de Gendarmería, incluyó el allanamiento del domicilio de González en el barrio privado Puerto Barrancas de Paraná, donde se secuestraron elementos de interés para la investigación, incluyendo dispositivos electrónicos, documentación contable y una suma considerable de dinero en efectivo: 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
González, quien dirigió Enersa entre 2017 y 2021, será trasladado a Buenos Aires para ser indagado por la jueza Arroyo Salgado. La causa Securitas, que se inició en 2020 a partir de una autodenuncia de la empresa de seguridad, investiga el presunto pago de sobornos a funcionarios desde 2013 para obtener y mantener contratos con diversas entidades estatales.
La investigación interna de Securitas y el análisis de mensajes incautados sugieren que los hermanos Tórtul habrían pagado coimas a funcionarios de Enersa para garantizar la renovación de contratos, utilizando para ello una empresa fantasma llamada Tornell SA. Los hermanos Tórtul ya tienen un procesamiento confirmado por asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
La detención de González representa un nuevo capítulo en esta investigación que ha puesto en el centro de la escena las presuntas irregularidades en la contratación de servicios de seguridad privada en la provincia de Entre Ríos.
