Este sábado 27 de junio de 2026, Uruguay conmemora el 53° aniversario del golpe de Estado y el inicio de la Huelga General que enfrentó la ruptura institucional. La fecha, establecida oficialmente por la Ley Nº 19.211 en 2014, rinde homenaje a quienes defendieron la libertad y la vigencia del Estado de Derecho frente a la dictadura cívico-militar que se extendió durante doce años.
En el corredor del río Uruguay, particularmente en ciudades con fuerte tradición industrial como Paysandú, la jornada adquiere una relevancia histórica propia por el protagonismo que tuvo el movimiento obrero-estudiantil regional en la resistencia organizada.
El quiebre de 1973: El Decreto 464/973 y la última sesión del Senado
En la madrugada del 27 de junio de 1973, el entonces presidente electo Juan María Bordaberry, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, emitió el Decreto Nº 464/973. Esta norma dispuso la disolución de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, además de la creación de un Consejo de Estado para sustituir las funciones legislativas. El decreto prohibió expresamente atribuir «propósitos dictatoriales» al Poder Ejecutivo y facultó a las fuerzas represivas a asegurar los servicios públicos.
Horas antes de la disolución, el Senado celebró una sesión histórica. El senador del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, pronunció un discurso emblemático en el que declaró a su colectividad «en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo», arrojando el nombre de su partido como «vengador de la República«. Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Paz Aguirre, cerró la sesión vaticinando que el Parlamento volvería a abrir sus puertas para retomar la «bandera indoblegable de la libertad».
15 días de resistencia: La Huelga General y su impacto en el Litoral
La respuesta popular fue inmediata. La Convención Nacional de Trabajadores (CNT) aplicó una resolución que databa de 1964: responder a cualquier golpe de Estado con una huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo. La medida se extendió durante 15 días, hasta el 11 de julio de 1973, convirtiéndose en un símbolo de resistencia único a nivel internacional.
En el litoral uruguayo, la movilización fue masiva debido al desarrollo industrial de la zona. En Paysandú, se ocuparon fábricas emblemáticas como Paycueros (durante 10 días), Paylana y Norteña. Los relatos de la época destacan la «olla sindical» sostenida por la solidaridad de vecinos, comerciantes y productores rurales que donaban carne y verdura ante la imposibilidad de los trabajadores de cobrar sus salarios por el cierre de los bancos.
La represión en la región fue severa. En Paysandú se recuerda especialmente al militante portuario Ivo Fernández Nieves, quien murió a causa de la tortura en el Batallón de Infantería N.º 8 en enero de 1976.
Antecedentes: Un proceso de crisis y autoritarismo
La ruptura institucional no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de crisis política y social que se agudizó desde mediados de la década de 1960. Durante el denominado «Pachecato» (1967-1972), el uso sistemático de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) acostumbró a la ciudadanía a un régimen de excepción que limitaba libertades civiles para contener la protesta social.
En febrero de 1973, se produjo una insurrección militar (conocida por los Comunicados 4 y 7) que generó profundas discusiones internas en el movimiento popular sobre el carácter de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la disolución de las cámaras en junio confirmó el proyecto autoritario de control social derivado de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Legado y actividades en el presente
A más de cinco décadas del golpe, el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia continúa vigente. Organizaciones como el PIT-CNT, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y colectivos de ex presos políticos como Crysol promueven actividades en todo el país.
En la actualidad, se utilizan herramientas tecnológicas como visualizadores de causas penales para realizar el seguimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período de facto. Asimismo, diversas organizaciones sociales mantienen la propuesta de que el 27 de junio sea declarado feriado nacional no laborable, en reconocimiento a la gesta de la ciudadanía en defensa de la democracia.
