Diputados del bloque justicialista presentaron este miércoles un pedido de informes en la Legislatura entrerriana para analizar el posible impacto en la provincia del proyecto de Ley nacional que busca establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de punibilidad de 16 a 14 años.
El proyecto en cuestión obtuvo dictamen favorable el pasado 6 de mayo en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, lo que motivó la solicitud de datos por parte de los legisladores provinciales, encabezados por la diputada justicialista Laura Stratta.
RELEVAMIENTO INTEGRAL DE DATOS
La iniciativa parlamentaria entrerriana exige información detallada y estadísticas sobre la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en casos de delitos cometidos por menores, diferenciando entre adolescentes punibles (16 a 18 años) y no punibles (14 a 16 años).
Asimismo, se solicitó conocer:
– La evolución de la participación de menores en hechos delictivos en los últimos diez años.
– La cantidad de jóvenes privados de la libertad en ese período, comparada con la de adultos.
– La existencia y condiciones de los establecimientos destinados a la detención de menores.
ANÁLISIS DEL IMPACTO Y REVISIÓN NORMATIVA
Stratta subrayó que el pedido responde a la necesidad de evaluar el impacto que el nuevo régimen podría tener en la realidad jurídica y social de Entre Ríos, en caso de que el Congreso sancione la norma. “Es fundamental obtener la información necesaria que permita evaluar la efectividad de las políticas actuales y proponer mejoras basadas en evidencia concreta y la legislación provincial”, expresó.
La legisladora recordó que la propuesta nacional apunta a derogar las leyes 22.278 y 22.803, vigentes desde 1980, e introducir un régimen que habilite la imputabilidad penal desde los 14 años. Aunque las penas privativas de libertad estarían restringidas a delitos graves y sujetas a condiciones especiales, los adolescentes de 14 y 15 años podrían ser procesados y condenados.
Stratta enfatizó que el enfoque debe contemplar no solo el aspecto penal, sino también el social e institucional: “La reciente discusión nacional influye directamente en la legislación provincial y en las políticas públicas aplicadas a menores de edad”.
ENTRE RÍOS COMO REFERENCIA
La diputada también destacó que Entre Ríos cuenta con una legislación específica sobre procesos penales de niños y adolescentes (Ley N° 10.450), que contempla garantías procesales incluso para menores no punibles. “Nuestra provincia ha sido pionera en establecer marcos jurídicos de protección y garantías. Por eso, cualquier modificación nacional debe analizarse cuidadosamente para no retroceder en los avances logrados”, sostuvo.
NECESIDAD DE DATOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA
Por último, Stratta remarcó que es clave disponer de estadísticas confiables sobre delitos cometidos por menores, tipos de infracciones más comunes, y respuestas institucionales. También reclamó información sobre la infraestructura disponible para la detención de jóvenes, en caso de que se avance con penas privativas de libertad: “Queremos saber si existen establecimientos adecuados que cumplan con los estándares de derechos humanos y garanticen la reinserción social”, concluyó.
El pedido de informes fue girado a las comisiones correspondientes para su tratamiento.
