La Legislatura provincial sancionó la prórroga del estado de excepción que permite al Ejecutivo rescindir contratos y renegociar deudas con las constructoras. La nueva norma habilita el uso de instrumentos financieros para cancelar certificados ante la persistente falta de remisión de fondos nacionales.
El escenario para el sector de la construcción en la provincia no muestra señales de normalización. Según se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos n.º 28.267, el Gobierno oficializó la Ley N° 11.251, la cual restablece y extiende la vigencia de la emergencia en obras y servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida representa una respuesta directa a la parálisis de los flujos financieros comprometidos originalmente por el Estado Nacional.
Títulos de deuda y el nuevo esquema de pagos
La normativa introduce una herramienta de alto impacto para la cadena de pagos del sector. El artículo 2° faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obra y deudas reconocidas, tanto administrativas como judiciales, mediante el uso de «fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros». Esta decisión busca evitar el drenaje inmediato de efectivo del Tesoro Provincial, trasladando el cumplimiento de las obligaciones a plazos de amortización vinculados a operaciones de crédito autorizadas por la Ley N° 11.234.
Por consiguiente, las empresas contratistas se enfrentan a un cambio de paradigma en la percepción de sus acreencias. Si bien el Estado provincial reconoce la legitimidad de las deudas por trabajos ejecutados, la liquidez de estas firmas dependerá de la capacidad de mercado de los títulos emitidos. Asimismo, la ley otorga una protección legal al Ejecutivo para evitar embargos masivos por incumplimientos derivados del desfinanciamiento externo, priorizando la estabilidad fiscal de la provincia.
Un enero marcado por las rescisiones de contratos
La prórroga de la emergencia no es un hecho aislado, sino la culminación de un mes de enero crítico para la infraestructura local. Durante las últimas semanas, se registraron múltiples bajas de contratos de viviendas bajo el fundamento del recorte nacional. Casos como el de la firma VERCO S.A. en Villaguay para 52 viviendas, o VIANO CONSTRUCCIONES S.R.L. en Aranguren, confirman que la provincia ha optado por la rescisión unilateral ante la imposibilidad de sostener los costos.
En la misma línea, en la localidad de Seguí se dio por finalizado de común acuerdo el contrato con GLG CONSTRUCCIONES S.A. para el fortalecimiento de jardines de infantes. La administración ha argumentado sistemáticamente que, ante la falta de disponibilidad financiera de los fondos nacionales, la continuidad de estas obras resultaría inviable según los parámetros de la Ley N° 11.138. Con la sanción de la nueva Ley N° 11.251, el gobierno nacionaliza este modelo de «economía de obra» y lo proyecta para todo el ejercicio fiscal 2026, dejando a los municipios y comunas en libertad de sancionar normas similares según sus propias realidades territoriales.
