El Gobierno de Entre Ríos formalizó esta semana el Régimen General de Concursos a través del Decreto 1452/26-GOB, una norma que busca erradicar la arbitrariedad en el ingreso a la planta permanente y el ascenso a jefaturas.
La medida, presentada como un hito para saldar una «deuda histórica» de la Constitución de 2008, establece que cualquier nombramiento efectuado sin examen previo será «insanablemente nulo«.
No obstante, la nueva normativa pone de relieve una marcada contradicción: mientras se exige idoneidad técnica para los niveles operativos y medios, el Poder Ejecutivo sostiene una política de designaciones directas basadas en la confianza política para conducir las empresas y entes más rentables del Estado.
La blindada discrecionalidad en los entes autárquicos
El decreto de concursos se aplica a la Administración Central y organismos descentralizados, pero su rigor no alcanza a las designaciones de autoridades políticas en los directorios.
Un caso emblemático es el del Instituto del Seguro (IAPSER), donde el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, fue integrado recientemente al directorio en representación del Ejecutivo. Según informes periodísticos, este movimiento permitiría al funcionario optar por el salario del organismo autárquico, que ostenta condiciones económicas superiores a las de un cargo de gabinete.
Esta lógica de «hombres de confianza» se repite en ENERSA, donde el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, ejerce la vicepresidencia de forma ad honorem debido a la prohibición de percibir dos sueldos, pero compartiendo el mando con figuras como Camilo Di Boscio, ex jefe de gabinete de Rogelio Frigerio durante su etapa como ministro nacional.
Empresas estatales como refugio de la política
La contradicción entre la retórica del mérito y la práctica de la designación directa se extiende a otros organismos clave:
- IPPER (Puertos): La presidencia fue otorgada a Juan Ruiz Orrico, ex candidato a intendente de Concepción del Uruguay por la fuerza gobernante.
- IAPV: Manuel Schönhals encabeza un directorio integrado por el abogado Pablo Omarini y el arquitecto Eduardo López Segura, ambos con trayectorias ligadas a la gestión política y no al escalafón administrativo.
- Sidecreer: La tarjeta de crédito estatal es presidida por el periodista y abogado Mariano Reyno Buch, quien forma parte de los funcionarios denominados «repatriados» o «011«, por haber desarrollado su carrera en Buenos Aires antes de desembarcar en la gestión entrerriana.
El fenómeno de «los 011» y el costo del desarraigo
Mientras el nuevo régimen de concursos busca profesionalizar los cuadros locales, la gestión provincial ha propiciado el arribo masivo de funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), conocidos en los pasillos de la Casa Gris por su código de área telefónico.
Estos cargos jerárquicos no solo eluden el sistema de concursos, sino que perciben adicionales por compensación de residencia o «desarraigo«, que pueden alcanzar hasta los 406.500 pesos mensuales para cubrir alquileres en Paraná. Esta política genera roces con los empleados de carrera, quienes ahora deberán someterse a exámenes obligatorios bajo un esquema de austeridad que no parece aplicarse con la misma rigidez en la cúspide del organigrama estatal.
