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Minería en Entre Ríos: El control digital generó ingresos por más de $8.300 millones en su primer año

A un año de la implementación de las guías mineras digitales, Entre Ríos alcanzó una recaudación récord de 8.317 millones de pesos. El sistema permite el control estratégico de la arena silícea destinada a Vaca Muerta y la industria.

La administración provincial de Entre Ríos completó el primer año de vigencia del Sistema Digital de Emisión de Guías de Tránsito de Minerales, una herramienta clave en la política de modernización tributaria impulsada para el sector extractivo. Según datos oficiales publicados por el Gobierno de Entre Ríos, la recaudación total bajo este concepto superó los 8.317 millones de pesos desde junio de 2025.

El sistema fue diseñado para establecer un esquema de seguimiento integral que garantice la trazabilidad de los recursos naturales. Esta digitalización reemplazó a los antiguos talonarios físicos, aportando agilidad administrativa tanto para productores como para transportistas, al tiempo que permite al Estado acreditar la legitimidad del material en circulación.

La arena como recurso estratégico y motor de ingresos

La actividad minera entrerriana tiene como eje central la extracción y transporte de arena, particularmente la arena silícea, considerada un recurso estratégico por su demanda en tres sectores clave: la construcción, la industria del vidrio y, fundamentalmente, la actividad petrolera en Vaca Muerta.

A partir de la nueva normativa, se establecieron mecanismos de control que asocian una tasa por el servicio de expedición. Esto permitió a la provincia diferenciar los tipos de minerales y determinar con precisión las cantidades transportadas. La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Dirección de Minería trabajan de forma coordinada en este proceso, donde la información digitalizada nutre el control fiscal y operativo de las cargas.

Seguridad jurídica y proyección económica

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la implementación de este mecanismo no solo impacta positivamente en el erario público para el financiamiento de políticas de Estado, sino que también otorga seguridad jurídica a las empresas.

El fortalecimiento del marco normativo es vital para los proveedores locales que abastecen el desarrollo energético nacional. Al eliminar la burocracia del papel y asegurar la trazabilidad, la provincia consolida un entorno previsible para las inversiones vinculadas a la cadena de valor de los hidrocarburos no convencionales.

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