Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, los ediles del bloque Justicialista (Más por Entre Ríos) expresaron duras críticas frente a la aprobación de la Ordenanza N° 38.785, que declara la emergencia ambiental en la ciudad por el término de un año.
La normativa permite al Ejecutivo municipal realizar contrataciones directas y otorgar concesiones del servicio de residuos por hasta seis años.
Los concejales opositores centraron sus cuestionamientos en tres ejes principales: la celeridad del tratamiento, la sospecha de direccionamiento hacia una empresa cordobesa y la supuesta incapacidad de gestión de la actual administración local.
Ingreso «por la ventana» y falta de análisis
La concejal Carolina Amiano denunció que el proyecto fue ingresado «por la ventana», tratándose sobre tablas sin permitir que la oposición pudiera estudiarlo o realizar aportes constructivos.
Según Amiano, el uso de la figura de emergencia busca eludir las normativas locales y provinciales de transparencia para facilitar contrataciones directas.
En la misma línea, el concejal Guillermo Satalia Méndez criticó la falta de consenso, señalando que el oficialismo recurre a la tercerización como el «camino más fácil» ante su propia incapacidad para resolver problemas operativos con el personal y la maquinaria municipal existente.
La sospecha sobre la «Empresa Vitsa»
Uno de los puntos de mayor tensión política fue la denuncia sobre la presencia de equipamiento privado antes de que se votara la norma. La edil Claudia Villalba reveló que, la noche previa a la sesión, vecinos reportaron el ingreso a la ciudad de cinco camiones nuevos pertenecientes a la «Empresa Vitsa», originaria de Córdoba.
«Ninguna empresa mueve esa cantidad de maquinaria si no tiene ya ganada la licitación o una promesa firme«, afirmó Villalba, sugiriendo que el proceso de privatización parcial ya estaba acordado de antemano.
Por su parte, Amiano sostuvo de forma tajante: «Acá hay un negocio y están sabiendo a quién le van a otorgar este servicio».
Defensa oficialista y mecanismos de control
Desde el bloque de Juntos por Entre Ríos, el concejal Felipe Sastre rechazó las acusaciones de improvisación, asegurando que el intendente Francisco Azcué evaluó durante meses distintos modelos de gestión mixta para solucionar el déficit heredado en la recolección de residuos.
A pesar del rechazo opositor, el proyecto fue aprobado por mayoría con nueve votos a favor.
Para garantizar el seguimiento de los fondos —que permiten compras directas por hasta 400 millones de pesos mensuales—, se constituyó una Comisión Especial integrada por dos concejales oficialistas, uno por cada bloque opositor y un representante del Ejecutivo, la cual deberá emitir informes trimestrales.
