El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a 10 años de prisión a Rubén Alberto Cabra, alias «Petro», por captar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente oriunda de la provincia del Chaco. Además de la pena de cárcel, la Justicia dispuso una indemnización de más de 65 millones de pesos para la víctima y ordenó el decomiso del inmueble donde se cometieron los delitos.
La sentencia fue dictada por la jueza Mariela Emilce Rojas, quien actuó de forma unipersonal durante el debate oral. Cabra fue hallado culpable de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución agravada por engaño y amenazas, además de trata de personas.
Reparación económica y decomiso del inmueble
En línea con el pedido formulado por la fiscal federal Josefina Minatta, el tribunal fijó una reparación integral de 65.292.000 pesos para la damnificada.
Asimismo, ordenó el decomiso y embargo preventivo del local comercial donde funcionaba el prostíbulo en el que se concretó la explotación sexual. La magistrada dispuso que esos bienes sean destinados al pago de la indemnización y que cualquier remanente sea transferido al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Además, se resolvió el embargo preventivo de una motocicleta Honda vinculada al condenado.
Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 23 de junio.
Una investigación iniciada por una denuncia anónima
La causa se inició en 2019 a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, canal nacional para reportar casos de trata y explotación de personas. La presentación fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.
Luego de un análisis preliminar, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Josefina Minatta. A través de diversas medidas investigativas, la fiscalía logró identificar a la víctima en 2021.
Inicialmente, la causa involucraba a dos sospechosos. Sin embargo, Rubén Ángel Cabra, propietario del establecimiento señalado como escenario de los hechos y tío del condenado, falleció antes de ser citado a declaración indagatoria, por lo que el proceso continuó con un único acusado.
El engaño que derivó en la explotación
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, que entonces tenía 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad de Villa Ángela, provincia del Chaco.
Tras aceptar la propuesta, fue trasladada hasta Concepción del Uruguay, donde fue alojada en el establecimiento denominado Snack Bar. Aunque estaba habilitado formalmente como whiskería, durante el juicio se acreditó que funcionaba como un prostíbulo donde se explotaba sexualmente a mujeres.
Según sostuvo la fiscalía, Cabra se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la adolescente para someterla a un régimen de explotación sexual, violencia física y amenazas. La víctima declaró que intentó abandonar el lugar, pero le informaron que mantenía una supuesta deuda y que no podría irse hasta cancelarla.
Durante aproximadamente un año fue obligada a realizar servicios sexuales en contra de su voluntad junto a otras mujeres que también permanecían en el establecimiento.
El escape, las amenazas y el regreso forzado
La investigación también permitió reconstruir que la joven logró escapar con ayuda de un cliente y regresar a la provincia del Chaco.
Sin embargo, según se acreditó en el debate oral, comenzó a recibir amenazas por parte del acusado. Tiempo después, Cabra viajó acompañado por otras dos personas para buscarla y obligarla a regresar a Entre Ríos bajo advertencias dirigidas a ella y a su familia.
Durante esa segunda etapa de explotación, la víctima permaneció alojada bajo llave en una vivienda particular del imputado y era trasladada cada noche al prostíbulo para continuar siendo explotada sexualmente.
En sus alegatos, la fiscal Minatta y la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez habían solicitado una pena de 15 años de prisión. Finalmente, el Tribunal Oral Federal resolvió imponer una condena de 10 años.
