La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la forma en que el gobierno de derecha de Gerardo Morales en Jujuy enfrenta las manifestaciones públicas y expresó su inquietud ante el «uso excesivo de la fuerza con gases lacrimógenos y balas de goma» en la provincia argentina con mayor población indigena autoreconocida.
En la jornada del martes 20/06, en la provincia del noroeste argentino se produjo -a puerta cerrada- la jura de la nueva carta magna provincial. Una polémica reforma que tuvo un debate exprés y que se caracteriza principalmente por restringir el derecho a la protesta social y desregular la administración de recursos naturales en favor del modelo extractivista del sector privado, desprotegiendo así a comunidades originarias.
El atropello institucional desató manifestaciones de trabajadores estatales, docentes, movimientos sociales y pueblos originarios. Por su parte, el gobierno del radical Morales respondió con una represión salvaje, que dejó al menos 170 heridos y 69 detenidos. Los operativos policiales incluyeron vehículos sin identificación y persecuciones en casas y barrios.
Ante las imágenes explícitas de brutalidad policial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) perteneciente a la OEA (Organización de los Estados Americanos) expresó que «observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas» en la provincia de Jujuy, en rechazo de la reforma de la Constitución, y destaca que se trata de «una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida».
«La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios», indicó el organismo en un comunicado de prensa.
Según recuerda la CIDH, el sábado 17 «en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales».
«La CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones», advirtió el organismo de derechos humanos.
En el comunicado, la CIDH señala que las protestas «se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente» y enumera que «entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta».
Una de las camionetas en las que la policía trae detenidos al penal pertenece a Horacio Zarif, titular de la constructora hormixa que participaron en la construcción del parque lineal. En l dictadura, la empresa que participó de la represión fue quien financió la campaña de… pic.twitter.com/GTC7kMYIR0
— El Profe Romero (@romerodiario) June 21, 2023
La CIDH indica, en ese sentido, que «el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales» y afirma que «la consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena».
«El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes», advierte.
🚨Urgente: Infiltrados rompen negocios para acusar a manifestantes.
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— Canal4Extra (@Canal4Extra) June 20, 2023
En cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que «son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta» y se destaca que «es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica».
Finalmente, la comisión reconoce «la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa» y asimismo «se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social».
Fuente: Telam| P/12
