La estructura educativa del departamento Colón atraviesa una profunda crisis tras el pedido de renuncia de su máxima autoridad, Lina Bosch. El titular del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, solicitó la dimisión de la funcionaria y de la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos, Claudia Paola Rodríguez, luego de que un informe técnico ratificara graves anomalías en la asignación de recursos públicos.
El detonante del conflicto fue la situación de Lina Abril Bosch, hija de la directora, quien percibía haberes por diez horas cátedra como capacitadora laboral pese a no contar con los requisitos mínimos de formación.
Un cargo sin respaldo académico ni alumnos
La investigación administrativa, motivada por denuncias periodísticas, reveló que la joven de 20 años figuraba en el área de “Asistente en turismo y recreación” desde 2025. No obstante, el CGE constató que la agente no posee título terciario ni tiene registrado el nivel secundario ante el organismo.
A la falta de credenciales se suma la inexistencia de un servicio educativo real: según las fuentes consultadas, las horas asignadas no requerían presencialidad y no contaban con alumnos inscriptos. Mientras percibía estos haberes estatales, la beneficiaria cursaba el profesorado de inglés en la UADER, una formación sin relación directa con el cargo de capacitación laboral que ostentaba.
La defensa de la funcionaria y el trasfondo político
Antes de confirmarse el pedido de renuncia, Lina Bosch ensayó una defensa pública alegando que la designación fue “prolija” y bajo la figura de “idónea”, prevista en el estatuto docente. La funcionaria calificó las publicaciones como maliciosas y atribuyó el conflicto a una persecución política en su contra.
Sin embargo, el historial de Bosch al frente de la Departamental ya acumulaba tensiones significativas. Intendentes de la región habían solicitado previamente su remoción por presuntas persecuciones ideológicas, y la justicia laboral la había intimado a cesar actos de hostigamiento contra una supervisora de la zona.
Implicancias para el corredor del río Uruguay
Este desplazamiento marca un precedente en la gestión de la transparencia educativa en la provincia. El CGE subrayó que estas medidas son imperativas para garantizar la ética en la administración pública, mientras se evalúan nuevas responsabilidades dentro del sistema. En los próximos días se conocerán los reemplazantes que deberán normalizar la conducción educativa en un departamento marcado por el malestar docente y la judicialización de los vínculos laborales.
