El máximo tribunal de Justicia –sin analizar el expediente– rechazó los recursos de la defensa, dejó firme la condena por administración fraudulenta y ratificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La expresidenta queda legalmente excluida de cualquier competencia electoral. Con esta decisión, la Corte consuma la proscripción política de una de las principales figuras del escenario argentino, marcando un momento bisagra en la historia institucional del país.
En una resolución de alto impacto institucional y político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sellando así su proscripción política.
A más de nueve años de la denuncia impulsada por Javier Iguacel —basada en una auditoría que no detectó delitos— y luego de un proceso cargado de cuestionamientos jurídicos y presiones mediáticas, el máximo tribunal rechazó por unanimidad el recurso extraordinario presentado por la defensa de Kirchner. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Cristina Kirchner deberá cumplir una pena de seis años de prisión, aunque su ejecución aún depende de decisiones procesales, ya que cuenta con fueros por su condición de senadora hasta diciembre. Sin embargo, la Corte confirmó la pena accesoria de inhabilitación perpetua, lo que significa que la exmandataria queda legalmente excluida de competir por cualquier cargo electivo, clausurando cualquier posibilidad de una eventual candidatura.
La Corte consideró inadmisibles los planteos de la defensa, argumentando que el recurso no cumplió con el requisito formal de “fundamentación autónoma”. A lo largo de 27 páginas, los jueces desestimaron los principales ejes de la queja: la actuación del fiscal Diego Luciani, la supuesta incorporación irregular de pruebas, la afectación al derecho de defensa, la violación al principio acusatorio y el argumento de cosa juzgada, entre otros.
Uno de los cuestionamientos centrales fue la introducción del supuesto plan “limpiar todo”, planteado por el fiscal en los alegatos finales. La defensa denunció que se trató de prueba nueva agregada fuera del procedimiento, pero la Corte consideró que sólo se trató de una contextualización, sin que ello implicara una vulneración de garantías.
También fue rechazada la denuncia de parcialidad en la actuación del Ministerio Público Fiscal. “La garantía de imparcialidad no se extiende a los representantes del Ministerio Público”, respondieron los cortesanos.
Otro dato revelador del fallo es que los jueces reconocen que sólo se peritaron cinco de las 51 obras viales que sirvieron de base para la condena. A pesar de ello, sostuvieron que hubo pruebas suficientes para acreditar un esquema de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, especialmente en relación con obras en la provincia de Santa Cruz.
Respecto del principio de cosa juzgada, la Corte desestimó el planteo de que las obras ya habían sido investigadas por la Justicia provincial. “El planteo es inadmisible”, sentenció el máximo tribunal, y agregó que la supuesta falta de fundamentación era “inequívocamente grave”.
La defensa también intentó mostrar la causa como un caso de gravedad institucional, citando reuniones entre jueces intervinientes y el expresidente Mauricio Macri. La Corte eludió profundizar en ese punto y se limitó a citar fallos anteriores que relativizan su importancia.
En el cierre de la sentencia, los supremos respaldaron enfáticamente a los tribunales que intervinieron en el proceso: “Las sentencias se asentaron en la profusa prueba producida y valorada conforme a las reglas de la sana crítica”. Añadieron que “la imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático”.
Finalmente, la Corte intimó a la expresidenta a cumplir con un depósito económico en un plazo de cinco días.
Con esta decisión, la Corte no solo deja firme una condena penal: consuma la proscripción política de una de las principales figuras del escenario argentino, marcando un momento bisagra en la historia institucional del país.
QUIÉNES INTERVINIERON EN LA CAUSA VIALIDAD
Desde la denuncia inicial hasta la confirmación de la condena por la Corte Suprema, el expediente conocido como “Causa Vialidad” estuvo atravesado por múltiples vínculos políticos, designaciones irregulares y relaciones personales con el expresidente Mauricio Macri. Aquí, un repaso por cada uno de los actores clave del proceso judicial que terminó con la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner:
La denuncia
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Mauricio Macri: impulsó políticamente la causa desde el inicio de su gobierno. Fue el principal beneficiario del armado judicial que persiguió a la expresidenta.
Primera instancia
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Juez Julián Ercolini: instructor de la causa. Viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín, principal sostén mediático del lawfare contra CFK. Compartió ese viaje con:
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Carlos Mahiques, camarista federal.
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Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y operador judicial del macrismo.
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Fiscal Ignacio Mahiques: hijo de Carlos Mahiques y hermano de Juan Bautista. Representó al Ministerio Público en la primera etapa del expediente.
Segunda instancia
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Juez Leopoldo Bruglia: designado sin concurso por decreto de Macri y luego sostenido en el cargo por la propia Corte, pese a los cuestionamientos constitucionales.
Cámara de Casación
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Juez Mariano Borinsky: mantuvo al menos 16 reuniones con Macri en la residencia de Olivos mientras tramitaba la causa.
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Juez Gustavo Hornos: visitó seis veces a Macri, entre la Casa Rosada y Olivos, en períodos coincidentes con decisiones clave del expediente.
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Fiscal Mario Villar: designado durante el macrismo. Apoyó el avance de la acusación.
Juicio oral
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Juez Rodrigo Giménez Uriburu: uno de los jueces del TOF 2. Fue fotografiado jugando al fútbol en la quinta de Macri junto con el fiscal del caso.
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Fiscal Diego Luciani: encabezó los alegatos contra CFK. También participó de los partidos de fútbol en la quinta presidencial con el juez Uriburu, generando un escándalo que nunca fue esclarecido.
Corte Suprema
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Horacio Rosatti: llegó a la Corte por decreto de Macri, violando el procedimiento constitucional de designación. Luego fue confirmado por el Senado.
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Carlos Rosenkrantz: también designado por decreto por Macri. Conserva lazos con estudios jurídicos que representaron a sus antiguos clientes, incluso en causas en las que él interviene.
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Ricardo Lorenzetti: ex presidente del tribunal. Considerado uno de los arquitectos del lawfare contra dirigentes opositores.
Con estos antecedentes, resulta difícil sostener que la causa Vialidad se tramitó dentro de los márgenes de un Estado de Derecho. La sucesión de vínculos personales, decisiones cuestionadas y beneficios políticos para el entonces gobierno de Macri configura un escenario de fuerte parcialidad.
