La fiscal federal Josefina Minatta solicitó este lunes una pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta para los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto (72) y Néstor Alfredo Gómez del Junco (74). Los acusados, que desempeñaban funciones en el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional en Concepción del Uruguay durante la última dictadura, enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad cometidos contra militantes del Partido Comunista (PC).
La fiscalía los señaló como coautores de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Según el alegato, Caserotto actuaba como jefe del Grupo de Inteligencia, mientras que Gómez del Junco lideraba el Grupo Logística y Finanzas de la fuerza federal.
Los hechos: «La noche del cumpleaños»
El primer caso abordado por la fiscalía ocurrió el 14 de mayo de 1977. Durante la celebración de un cumpleaños en el domicilio de la familia Montesino, personal de Gendarmería y el Ejército realizó un operativo violento donde detuvieron ilegalmente a diez adultos.
Minatta destacó el impacto de estas acciones sobre las infancias. Dos niños, de 4 y 7 años, fueron dejados solos en la vivienda bajo amenaza de muerte y privados de su libertad durante diez días. La fiscal enfatizó que las prácticas represivas afectaron a los menores con la misma intensidad que a los adultos, marcando sus experiencias como sobrevivientes del terrorismo de Estado.
Secuestro y torturas en Banco Pelay
El segundo hecho objeto del juicio involucra el secuestro de dos hombres en el balneario Banco Pelay, el 28 de enero de 1978. Las víctimas fueron trasladadas a una finca donde sufrieron crueles tormentos.
De acuerdo con el testimonio de Carlos Stur, uno de los sobrevivientes, los captores utilizaron métodos de tortura física como la «picana» y la «palomita» (atadura de pies y manos a la espalda). Por este episodio, la acusación recae específicamente sobre Gómez del Junco, quien fue reconocido por la víctima en el lugar de los hechos.
Contexto histórico y reparación
En su exposición, la fiscal Minatta contextualizó la persecución sistemática a los miembros del Partido Comunista en la región, recordando a numerosos militantes que continúan desaparecidos. Subrayó que los testimonios de las víctimas poseen un valor privilegiado como fuente de convicción debido al marco clandestino en que se cometieron los delitos.
Además de las penas de prisión efectiva en cárcel común, el Ministerio Público Fiscal solicitó la señalización como Sitios de Memoria de diversos escenarios de los crímenes: el Escuadrón 6 de Gendarmería, la Unidad Penal N°4, una finca en las afueras de la ciudad y el balneario Banco Pelay.
