La dinámica económica nacional, marcada por el ajuste fiscal y la caída del poder adquisitivo, ha consolidado un escenario de fragilidad para los trabajadores del sector público en la región. Según el informe «Endeudados: trabajar para deber», elaborado por Facundo Stivanello Bernardi para el CISPER, el 96,3% de los estatales encuestados declaró poseer deudas vigentes al mes de marzo de 2026.
El estudio de carácter exploratorio, basado en una encuesta digital realizada entre el 9 y el 18 de marzo, refleja que el peso de los pasivos financieros no es uniforme. Mientras que el promedio general de afectación del ingreso es del 60%, este porcentaje escala al 72,7% para aquellos agentes que perciben menos de $1.000.000 mensuales.
Un peso desproporcionado sobre los salarios más bajos
La relación entre ingresos y costo de vida sitúa a una mayoría de los participantes en una zona de vulnerabilidad. El informe destaca que el 57,1% de los encuestados percibe remuneraciones por debajo de la línea de pobreza establecida por la Canasta Básica Tipo 2 del INDEC, calculada en aproximadamente $1.397.671.
Esta situación de ingresos insuficientes empuja a los trabajadores a utilizar el crédito como mecanismo de subsistencia. Al desglosar los datos por jurisdicción, los empleados provinciales y municipales presentan los niveles más críticos de compromiso salarial, con un 68,2% y 63,7% respectivamente, frente a un 43,2% registrado en el sector público nacional.
El financiamiento «de última instancia» y las tasas elevadas
El sistema bancario tradicional y las tarjetas de crédito concentran la mayor proporción de las deudas (46,8%). Sin embargo, el informe advierte sobre la incidencia de las financieras, mutuales y plataformas fintech, que juntas representan el 33% del mercado de acreedores de este sector.
Estas instituciones suelen operar con tasas de interés significativamente más altas y se convierten en el recurso de «última instancia» para quienes no califican en la banca tradicional. Según los datos de CISPER, quienes tienen como principales acreedores a financieras y mutuales llegan a destinar, en promedio, un 83,8% de sus ingresos mensuales al pago de estas obligaciones.
La percepción del trabajador y el pedido de refinanciación
El diagnóstico técnico coincide con la visión de los propios agentes: el 58,5% de los consultados califica su nivel de endeudamiento personal como «alto» o «muy alto». Ante este panorama, el 82,4% de los trabajadores manifestó su disposición a refinanciar sus deudas bajo condiciones más favorables, como tasas menores y plazos más extensos.
Facundo Stivanello Bernardi, autor del estudio y secretario de Finanzas de la CTA Entre Ríos, señaló que estos datos no son una anomalía, sino la expresión concreta de un modelo económico que habilita —y en muchos casos empuja— a que los trabajadores sostengan su consumo y su subsistencia a través del endeudamiento. El informe concluye que es imperativo aplicar políticas públicas de desendeudamiento familiar y recuperación del salario real para revertir una tendencia que hoy define el cotidiano de la administración pública provincial.
