Este año se encendieron las alarmas por el escaso avance de las causas por delitos de lesa humanidad y el proyecto de ley presentado por el oficialista Cabildo Abierto, que busca otorgarle prisión domiciliaria a represores mayores de 65 años.
La 27° Marcha del Silencio se realizó este 20 de mayo en todo el país una nueva edición, convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y multitudes marcharon por todo el país preguntando ¿Dónde están?, luego de dos años sin realizarse debido a la pandemia de la Covid-19.
Previo a la culminación de la marcha multitudinaria, los asistentes dijeron presente luego de cada nombre de desaparecido o asesinado mentado, y escucharon el himno nacional. La organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos escribió en redes sociales que este 20 de mayo “al igual que los demás días del año, Todos Somos Familiares. Volveremos a marchar en silencio, sin banderas ni consignas partidarias, reclamando ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada: Es responsabilidad del Estado”.
27ª Marcha del Silencio#MesDeLaMemoria pic.twitter.com/BqKU99whPD
— Universidad de la República (@Udelaruy) May 20, 2022
Este ente, principal organizador de la marcha, brindó este 19 de mayo una conferencia de prensa en la que insistió en su reclamo a buscar la verdad y justicia y recalcaron que el Estado fue quien cometió esos crímenes y es él quien prosigue en el silencio.
Así se refirieron a las Fuerzas Armadas, que luego de tantos años continúan manteniendo clasificados los archivos con todos los detalles de las operaciones realizadas durante la dictadura, y el poder Ejecutivo y el ministro de Defensa tienen el poder de exigir que salgan a la luz los pormenores.
Miles de uruguayos y uruguayas participan del 27 marcha del silencio que sigue reclamando verdad, justicia y memoria para los crímenes cometidos por el terrorismo de estado. @teleSURtv pic.twitter.com/8rEa4svuig
— Mateo Grille (@mateoteleSUR) May 20, 2022
- ¿QUÉ SE CONMEMORA EL 20 DE MAYO?
La primera Marcha del Silencio tuvo lugar en 1996, cuando se cumplían 20 años de impunidad de cuatro asesinatos, los de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y de la desaparición de Manuel Liberoff. Todo fue orquestado en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las inteligencias militares de los países de la región entre los años 70 y 80. Desde entonces, cada 20 de mayo miles de personas se reúnen en distintos puntos de Uruguay para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar exigiendo memoria, verdad y justicia mientras, en lo alto, sostienen fotografías con el rostro de los 197 desaparecidos.
- POSTURAS NEGACIONISTAS EN EL PARLAMENTO
La Red Nacional de Sitios de Memoria, que nuclea a colectivos de distintos departamentos, manifestó su «profunda preocupación por el resurgimiento de posturas negacionistas y relativistas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de actuación ilegítima del Estado y la última dictadura en Uruguay». En el ámbito parlamentario Cabildo Abierto, el partido liderado por el excomandante del Ejército y socio de la coalición de derecha que gobierna Uruguay, Guido Manini Ríos, fue quien le puso el rostro a esas posturas.
Primero intentó instalar un proyecto de ley para derogar a la ley interpretativa, es decir restaurar completamente la ley de caducidad, una normativa que impidió durante años enjuiciar a militares y policías por su rol en tiempos de dictadura. Pero tuvieron que retirar el proyecto porque parecía ir demasiado lejos. «En agosto del mes pasado depositan otro proyecto de ley que tiene por objetivo otorgarle automáticamente la prisión domiciliaria a todos los presos de más de 65 años con una serie de condiciones que están hechas de tal modo que prácticamente los únicos beneficiarios son los represores, que encima no son más de 40», asegura Salgueiro desde Francia.
Por su parte Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) acota que el proyecto en debate «no es una legislación que se dicte con carácter general, es una legislación que se proyecta con un interés particular que es que los camaradas de un partido que es Cabildo Abierto puedan pasar a prisión domiciliaria». Fernández señala además que «no hay un déficit normativo o un déficit institucional en el Uruguay, las personas que no pueden estar en prisión en un establecimiento pueden pasar a prisión domiciliaria si lo solicitan individualmente y si un médico del Instituto técnico forense acredita y estudia el caso y dice que esa persona no puede estar en privación de libertad». De hecho varios represores han recibido condenas e incluso fallecido en prisiones domiciliarias en hospitales.
