El Poder Ejecutivo de Entre Ríos formalizó la entrega de una asistencia económica directa a la Municipalidad de Concordia para paliar su delicada situación de caja. A través del Decreto Nº 876-E-GER-GOB, el Estado provincial otorgó un Aporte No Reintegrable (ANR) de 30.000.000 de pesos, destinados específicamente a atender los «desequilibrios financieros» que afectan a la administración local.
El «goteo» de fondos llega a los grandes municipios
Esta medida representa la consolidación de una tendencia de asistencia directa que el Tesoro provincial ha profundizado durante el mes de abril. Bajo el mismo argumento técnico de desequilibrio financiero, la gestión provincial ya había auxiliado a la Municipalidad de Alcaraz con un monto idéntico ($30.000.000) y a la localidad de San Jaime de la Frontera, en el norte del corredor del río Uruguay.
El hecho de que Concordia —uno de los municipios más grandes y con mayor complejidad social de la provincia— requiera estos aportes fragmentados para cubrir sus costos operativos básicos evidencia la profundidad de la crisis de caja en los gobiernos locales. Esta situación se enmarca en un contexto de caída de las transferencias nacionales y una merma en la recaudación propia.
Blindaje fiscal y prioridades de gestión
La asistencia a Concordia se da en paralelo a una política de «blindaje fiscal» sostenida por la Gobernación, que ha priorizado la disciplina administrativa frente a los reclamos salariales de diversos sectores públicos. Sin embargo, el flujo de fondos hacia los municipios se ha vuelto una herramienta necesaria para garantizar la operatividad mínima de los servicios en el territorio.
De acuerdo a la normativa vigente, la viabilidad de estos aportes queda supeditada a las «disponibilidades financieras de la Provincia«. Para efectivizar el pago, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos debió realizar una modificación presupuestaria mediante una transferencia compensatoria de créditos dentro del ejercicio 2026.
Control administrativo y rendición de cuentas
Como es norma en el otorgamiento de estos beneficios, el municipio beneficiario tiene la obligación legal de realizar la correspondiente rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Este control busca asegurar que los fondos del Tesoro Provincial se apliquen estrictamente a los fines declarados por la intendencia de Francisco Azcué, en un escenario donde el Estado provincial también enfrenta sus propios desafíos presupuestarios, como lo demuestra la reciente licitación masiva de $42.600 millones para garantizar la seguridad alimentaria en comedores escolares.
