La comunidad indígena Ka’aPoty 1 [Bosque Florido] del pueblo Avá Guaraní, ubicada en Itakyry, departamento de Alto Paraná, fue desalojada de sus tierras ancestrales en el pasado mes de junio, pese a contar con título legítimo otorgado por el Estado Paraguayo, a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), adquirido ya en 1996. La propiedad indígena está registrada, además, en la Dirección General de Registros Públicos y en el Servicio Nacional de Catastro.
A raíz de los graves sucesos, expuestos el pasado 23 y 24 de agosto en una Audiencia Pública, parlamentarios integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR realizaron una visita a las comunidades 1ro. de Marzo, ubicada en el distrito de Ybyvarovana (Caaguazú) y la segunda, fue en Huguá Poí, distrito de Raúl Arsenio Oviedo (Caaguazú). Cabe señalar que en “1ro. de Marzo”, están asentadas 430 familias, distribuidas en un total 6 mil Ha. aproximadamente.
La comitiva estuvo conformada por los Parlamentarios del MERCOSUR, que participaron de la Audiencia Pública, entre ellos, Elena Corregido, Presidenta de la Comisión (Argentina) y Gastón Harispe (Argentina); Neri Olmedo (Paraguay) y Ricardo Canese (Paraguay); y Bettiana Díaz (Uruguay).
Según los Parlamentarios, en el proceso de observación se buscó constatar la restricción al acceso a la tierra y violaciones a Derechos Humanos en procesos de desalojos, en especial sobre el acceso a la educación, salud y la vivienda, así como los procedimientos utilizados durante los mismos desalojos.
En dichas Comunidades, la Comisión escuchó el testimonio dado por dirigentes del asentamiento, principalmente de Verónica García y Jorge Mercado, quienes dieron detalles sobre los desalojos que han sufrido desde el año 2012. Asimismo, dieron a conocer las principales obras, “a partir de un trabajo cooperativo, sin ningún respaldo del Estado”, de vías de acceso, tendido eléctrico y tres escuelas.
Según el informe emitido por la comisión, existió un procedimiento ilegal para desalojar a las comunidades en el que participaron latifundistas, el poder judicial y el gobierno y que consistió en el pedido de “supuestos propietarios, que cuentan con títulos falsos, o al menos de dudosa procedencia, lo que es promovido por la Fiscalía, ordenado por el Poder Judicial y finalmente ejecutado el desalojo por el Ministerio del Interior, en verdad, todas las instituciones citadas, meras oficinas de latifundistas financiadas con dinero público, que impulsan, ordenan y ejecutan el desalojo, absolutamente ilegal, atentatorio de los más elementales derechos humanos, y que se constituyen en crímenes de lesa humanidad , hasta ahora con total impunidad”.
“Quemaron absolutamente todas las viviendas y la escuela de los indígenas, quienes están, desde ese entonces, a la intemperie, reclamando sus derechos. Los indígenas, así violentamente desalojados, se instalaron en la Plaza de Armas de Asunción, registrándose 60 adultos y 44 niños, viviendo a la intemperie, con graves consecuencias a su salud”, señala el documento emitido por el Parlasur.
